El origen del caso está vinculado a la causa Libra, donde la diputada Mónica Frade solicitó ampliar la investigación luego de que Beller hiciera afirmaciones públicas sobre supuestas conversaciones con su expareja, Fernando Cerimedo.
Documentos del expediente indican que Beller mencionó que Cerimedo alegó que “la hermana de Javier Milei estaba involucrada con la corrupción”. A raíz de estos dichos, la diputada argumentó que podían existir elementos asociados a presuntos delitos, como cohecho y tráfico de influencias, así como violaciones a la Ley de Ética Pública, y solicitó la incorporación de testimonios y pericias informáticas.
El fiscal Eduardo Taiano consideró que los comentarios de Beller no guardaban suficiente relación con los hechos que se investigan en la causa Libra y abogó por que se recaudaran testimonios para que otro juzgado manejara el caso. Marcelo Martínez De Giorgi respaldó la postura de Taiano, concluyendo que se trataba de hipótesis distintas. Por su parte, Sebastián Ramos, quien fue asignado al caso, rechazó asumir la causa, argumentando que la decisión de separar las investigaciones era prematura.
Es importante aclarar que la solicitud de Frade se limitaba a reproducir información periodística sobre pláticas entre Beller y Cerimedo, sin describir eventos concretos ni especificar circunstancias temporales, de modo o lugar. Además, no se individualizaba ninguna conducta que pudiera ser objeto de investigación independiente.
El jefe de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, fue denunciado por Ferraro debido a que este se negó a aceptar una notificación formal de citación.
Antes de decidir sobre la competencia entre los juzgados, el camarista Pablo Bertuzzi enfatizó la necesidad de avanzar en una investigación que permita delinear con mayor claridad los hechos denunciados, dado que aún no hay elementos suficientes para determinar si se trata de hechos autónomos que requieran un trámite separado. En este sentido, recordó un fallo de la Corte Suprema que exige una investigación preliminar que permita identificar los hechos y sus circunstancias antes de concretar quién debe manejar la causa.
La Cámara Federal también dejó abierta la opción de revisar la situación si emergen nuevos elementos que faciliten una mayor claridad sobre los hechos y justifiquen una investigación por separado.
Por otra parte, Nadia Beller declaró esta semana mediante videollamada desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi en la causa que indaga posibles irregularidades y sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La declaración tuvo una duración aproximada de una hora y, según se informó, la abogada reafirmó sus afirmaciones públicas sobre las conversaciones con Cerimedo y ofreció a la justicia argentina el contenido de su teléfono celular, donde afirma conservar los registros de esas charlas. “Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino”, aseguró tras su testificación.
