Kicillof critica la decisión de la Corte: “Se intenta legalizar la entrega y el saqueo”

Axel Kicillof expresó su rechazo a la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que anuló el fallo de la Cámara Federal de La Plata, el cual había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70, con el que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. El gobernador de la provincia de Buenos Aires calificó esto como “el fallo de la infamia” a través de sus redes sociales, donde aseguró que el máximo tribunal tomó “una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”. La resolución restableció la derogación de la norma que limitaba la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Kicillof enmarca su posición en un análisis político del debate que ha tenido lugar en los últimos meses. Recordó que hace menos de dos meses, miles de personas se manifestaron en contra del proyecto del gobierno nacional que pretendía modificar el régimen de tierras, el cual fue finalmente retirado ante la falta de respaldo suficiente en el Senado. En sus palabras, “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden lograrlo a través del Poder Judicial”. Para el gobernador, esta situación evidencia un intento por avanzar en un tema que no pudo resolverse en el ámbito legislativo.

La controversia se origina en el artículo 154 del DNU 70, que marca el inicio de la administración liberal que arribó a Argentina a finales de 2023. La Ley 26.737, aprobada en 2011, establecía que la propiedad rural extranjera no podría exceder el 15% de la superficie nacional, provincial o departamental, y además fijaba límites adicionales para evitar la concentración excesiva de tierras. La derogación de esta ley fue impugnada judicialmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), y en 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo del DNU. Sin embargo, la Corte revirtió esta sentencia al considerar que el CECIM carecía de legitimación suficiente para iniciar la acción y que no existía un caso o controversia judicial concreta.

Uno de los puntos debatidos es que la Corte no validó la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras ni examinó el fondo de la cuestión sobre la extranjerización. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti centraron su decisión en la legitimidad de la asociación demandante. El tribunal mismo indicó que, ante “la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”. Así, la sentencia dejó sin efecto el fallo de la cámara y reactivó el artículo del DNU que había derogado la ley.

Para Kicillof, no obstante, las implicaciones políticas de esta decisión van más allá del aspecto procesal. “Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, afirmó.

En el núcleo de su argumento, el gobernador también critica al gobierno de Milei y el análisis sobre la soberanía. “Termina de caerse la careta del supuesto Milei malvinero”, destacó en su publicación. Según su lectura, existe una disonancia entre el discurso del presidente sobre la soberanía en las Islas Malvinas y una política que, según ha sostenido, facilita el acceso de capitales extranjeros a recursos estratégicos del territorio continental. “Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”, expresó.

Kicillof también relacionó la decisión con el debate en torno a la propiedad de la tierra durante el proceso legislativo de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, donde se intentaron implementar cambios que eliminaban restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, aunque finalmente se retiró este capítulo ante la falta de soporte parlamentario. Con la resolución de la Corte, esas restricciones quedan nuevamente fuera de vigencia a raíz de la derogación realizada en el DNU de 2023.

Así, la reacción del gobernador se inscribe en una contienda más amplia sobre el concepto de soberanía, que Kicillof ha llevado al centro de sus interrogantes al gobierno. Este conflicto vuelve a poner la cuestión de la tierra como un punto sensible: qué límites puede establecer el Estado en relación con la propiedad rural extranjera, quién tiene el derecho de defender un interés colectivo ante la Justicia y hasta qué punto un DNU puede afectar una regulación legislativa. La Corte resolvió la cuestión desde un aspecto procesal; Kicillof eligió abordarla desde una perspectiva política y territorial. “¡Argentina para los argentinos!”, concluyó.