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El máximo tribunal anuló la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había cuestionado el artículo 154 del decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023. Este artículo eliminó la Ley 26.737, que imponía restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
La Corte fundamentó su decisión en aspectos procesales, detallando que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la demanda, no poseía la legitimidad necesaria para impulsar una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial. Por tal razón, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no había un caso o controversia que justificara la intervención judicial.
Además, el tribunal aclaró que su fallo no establece una postura sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. Sin embargo, al revocar la sentencia que había detenido la derogación, el esquema impuesto por el Gobierno volvió a estar en vigor, eliminando las restricciones previamente vigentes de la Ley de Tierras Rurales.
Esta ley, promulgada en 2011, limitaba la propiedad extranjera a un 15% de las tierras rurales en todo el país, incluyendo organismos provinciales y municipales, y establecía límites relacionados con la concentración de tierras en manos de compatriotas y restricciones en áreas específicas.
El fallo ha reabierto un debate que el Congreso había dejado pendiente semanas atrás. El Gobierno había intentado flexibilizar el régimen aplicado a tierras extranjeras mediante el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que retirar esa sección ante la falta de apoyo en el Senado.
El diputado Esteban Paulón, del socialismo, consideró “vergonzoso” el fallo y exhortó a la Cámara baja para que convoque a una sesión especial sobre el DNU 70/2023, argumentando que el Congreso debería intervenir en una norma ya rechazada por el Senado.
Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también criticó la resolución, indicando que restablece el artículo 154 del megadecreto y que es necesario avanzar en el Congreso en contra del DNU. Desde esa misma coalición, Myriam Bregman sugirió que la discusión debe ser llevada nuevamente al ámbito legislativo.
La senadora Juliana Di Tullio, representando al peronismo, expresó su desacuerdo con la resolución y la vinculó con el debate sobre la soberanía territorial. Otros legisladores de la oposición coincidieron en la necesidad de que Diputados retome el tratamiento del DNU, que ya había sido rechazado por la Cámara alta.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se manifestó en redes, señalando: “Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno tuvo que retirar su proyecto porque no contaba con los votos en el Senado. Lo que no lograron con el Congreso y el pueblo, ahora intentan conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”.
El CECIM, por su parte, expresó su rechazo al fallo y cuestionó que la Corte haya decidido que la soberanía territorial no se puede considerar un derecho de incidencia colectiva. Esta organización había iniciado la acción judicial que llevó al fallo de la Cámara Federal de La Plata, ahora revocado.
A pesar de la decisión de la Corte, el debate político sobre el régimen de tierras sigue abierto. El conflicto podría regresar al Congreso, donde la oposición pretende reunir los votos necesarios para avanzar en contra del DNU 70/2023 y volver a discutir los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
