El presidente de la UIA, Martín Rappallini, destacó la gravedad de la situación, señalando que el comercio ilegal creció considerablemente. En declaraciones, indicó que Velis se presentó con una agenda ocupada y alineada con las preocupaciones del sector.
Esta iniciativa surge en un momento en que el contrabando se ha convertido en una de las principales inquietudes del ámbito manufacturero. Un estudio del Centro de Estudios de la UIA (CEU) revela que seis de cada diez empresas consideran que la competencia desleal y el comercio ilegal impactan de manera significativa en su desempeño, afectando sus ventas y rentabilidad.
Durante la reunión, se presentó un diagnóstico que no sólo aborda el ingreso irregular de productos, sino que también destaca que la competencia desleal se presenta mediante bienes que ingresan sin cumplir con reglamentos técnicos, sin certificaciones, con problemas de trazabilidad o que son comercializados fuera de los canales formales. El informe indica que la mitad de las empresas encuestadas afirman que los productos importados se ofrecen a precios artificialmente bajos, lo que afecta a los precios locales e incluso impide cubrir los costos de producción. Además, un 15,3% mencionó la falta de certificaciones, un 13,8% la ausencia de trazabilidad, y un 13,2% la comercialización sin factura o en condiciones informales.
La UIA sostiene que el problema no radica solo en la existencia de controles, sino en su efectividad. A pesar de que el actual sistema de denuncias ha permitido detectar irregularidades y aplicar sanciones, muchas veces actúa una vez que las mercancías ya están en el mercado. El 19,4% de las empresas opina que los controles aduaneros son insuficientes para prevenir el ingreso de productos irregulares. Por otro lado, quienes valoran positivamente los controles creen que su fortalecimiento podría reducir la subfacturación, limitar el ingreso de productos de menor calidad y mejorar las condiciones de competencia.
Entre las solicitudes, la UIA propuso revisitar los criterios del Canal Rojo para reforzar las inspecciones sobre las importaciones sometidas a reglamentos técnicos y normas de seguridad. Esta cuestión también es parte de la agenda de diálogo que mantienen con el secretario de Coordinación de Producción, quien tiene injerencia en decisiones significativas dentro de la Secretaría de Comercio.
El impacto del contrabando no es uniforme entre las diversas ramas industriales. Según el CEU, un 88,2% de las empresas de metales comunes percibe un fuerte impacto, seguido por el 84,6% en el sector textil y un 76,2% en confecciones, cuero y calzado. Otros sectores significativamente afectados incluyen papel, cartón y madera (76%), autopartes (67,7%) y caucho y plásticos (67,4%). Regionalmente, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es donde más empresas reportan un efecto elevado (65,9%), seguidas por Cuyo (64,3%) y el norte del país (56,5%).
Las irregularidades también son denunciadas por fabricantes de celulares, bebidas, tabaco, golosinas y productos de higiene y cosmética, quienes reportaron que determinados productos se comercializan sin satisfacer las exigencias de regulaciones. La preocupación se extiende más allá de las fronteras, ya que en Mendoza se detectaron agencias de turismo que transportan mercancías ingresadas ilegalmente.
El intercambio de información con las cámaras y sus representantes locales resulta crucial, ya que poseen datos sobre los circuitos de contrabando que pueden ser útiles para dirigir los controles aduaneros. Además, se abordó el aumento de las ventas ilegales a través de plataformas digitales, donde se propuso un trabajo más estrecho entre la UIA y la Aduana para mejorar la trazabilidad de los productos y facilitar la eliminación de publicaciones que ofrezcan mercancía ilegal.
El informe del CEU también resalta que las plataformas internacionales y las redes sociales se han vuelto canales relevantes en el comercio de productos ilegales, una tendencia que se ha intensificado en el último año.
Finalmente, el consenso derivado de la reunión fue el acuerdo para establecer una mesa técnica específica entre la Aduana y la UIA. Este espacio buscará facilitar el intercambio de información y monitorear las denuncias, permitiendo evaluar cómo avanza el comercio ilegal. Las empresas destacan la necesidad de fortalecer los controles aduaneros y fiscales (33,2%), y de mejorar la regulación del comercio electrónico (15,1%), junto con perfeccionar la trazabilidad y los procesos de denuncia. En la UIA están convencidos de que el contrabando ha escalado a una preocupación que supera el marco sectorial, constituyendo una amenaza significativa para la industria, particularmente en un contexto de consumo débil y mayor competencia de productos importados.
