El acuerdo con la justicia estadounidense implica un pago a acreedores que no aceptaron los canjes de deuda tras la crisis de 2001. En este marco, se destinarán 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones a Attestor Value Master Fund, una medida que busca avanzar en la reintegración al mercado. “El Gobierno está desesperado porque el 30 de junio vence la fecha acordada”, comentó un diputado cercano a La Libertad Avanza.
Entre los aspectos más relevantes se encuentran las modificaciones introducidas la semana pasada al proyecto para un nuevo régimen de grandes inversiones, las cuales fueron aprobadas en un dictamen de mayoría. El oficialismo dejó un espacio para negociar con legisladores de San Juan, aliados del MID y UCR, y agregó la cláusula de “Compre Nacional”, que establece que al menos el 20% de la inversión de los proyectos debe destinarse a proveedores locales.
La UIA había demandado ese porcentaje en la comisión de Industria, aunque no logró que se estableciera una cifra específica para bienes industriales. Dado que el texto menciona “bienes, servicios y/u obras”, existe la preocupación por el efecto “Vicuña”: el proyecto minero de 18.000 millones de dólares en San Juan se beneficiará del RIGI, pero la construcción de los primeros módulos habitacionales provendría de China.
A instancias del PRO, las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto se cuantificarán por el doble de su valor, aunque no podrán representar más del 20% del monto mínimo señalado. Además, la definición de una actividad “nueva” se ajustará a criterios objetivos y se creará un registro público para las solicitudes de adhesión, los proyectos aprobados y las sanciones correspondientes.
El Gobierno presentó el proyecto de Super RIGI al Congreso hace un mes. En consonancia con las demandas de grandes empresas estadounidenses, el nuevo régimen ofrece incentivos aún más atractivos que el RIGI para atraer inversiones en nuevas actividades dentro de los sectores industrial, tecnológico y de servicios vinculados a infraestructura digital estratégica.
Por ejemplo, la alícuota del impuesto a las Ganancias se reducirá del 35% al 15% (en el RIGI era del 25%), las retenciones a exportaciones serán nulas desde el inicio (en el RIGI, comienzan a aplicarse en el tercer año), se eliminarán los derechos de importación para los bienes relacionados al proyecto (en el RIGI, esto solo aplica a bienes de capital y partes) y las contribuciones patronales se reducirán del 24% general al 10% para la creación de nuevos empleos (el RIGI no incluía este beneficio).
El Super RIGI generó reclamos recientes del líder de la UIA, quien demandó a Caputo un RIGI para la industria y protestó por la “destrucción” de empresas. A excepción de la siderurgia y la forestoindustria, el sector fabril quedó excluido de los beneficios del RIGI (que requiere una inversión mínima de 200 millones de dólares), mientras que el Super RIGI se destina a nuevos sectores con un mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares.
El anuncio de estos dos regímenes de gran escala sorprendió incluso a los mayores expertos en el área. Históricamente, los regímenes promocionales han sido sectoriales o territoriales, como la ley de promoción industrial, la de Tierra del Fuego, Minería o la de Economía del Conocimiento. “Esta dualidad normativa no tiene precedentes en la reciente experiencia argentina”, indicó Sergio Caveggia, socio del área de impuestos de EY.
El RIGI, y aún más el Super RIGI, representan un cambio significativo en el sistema tributario, al que se suma un blindaje “anticepo”, que ha generado preocupaciones en ciertos sectores. Esto incluye la eliminación gradual de la obligación de liquidar divisas; 20% de libre disponibilidad el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero (en el RIGI, el 100% se alcanza solo en el cuarto año).
“Esto, sin duda, es positivo, pero puede derivar en una posible apreciación del tipo de cambio real a mediano plazo, lo que aumentaría la presión sobre sectores intensivos en mano de obra, concentrados en los grandes aglomerados urbanos. Estos sectores no califican para el RIGI ni para el Super RIGI”, advirtió el IERAL, instituto de la Fundación Mediterránea.
Para FundAr, los beneficios cambiarios “significan que la inversión podría operar en territorio argentino —utilizando suelo, energía y agua— sin aportar prácticamente dólares a la economía”. “Un gobierno que desmantela políticas productivas adopta como bandera un paquete de incentivos sin precedentes, sin exigir nada sustantivo a cambio”, alertó.
