A una semana de que finalice el receso invernal en el Congreso, el oficialismo, comandado políticamente por Karina Milei, acelera los motores para conseguir los avales parlamentarios y avanzar de lleno con su propuesta de reforma electoral. La ingeniería política de la Casa Rosada apunta a captar la voluntad de 14 mandatarios provinciales mediante un proceso de concertación estructurado en tres momentos clave, donde el financiamiento, las variables técnicas del sufragio y el armado de listas serán los principales elementos de intercambio.
En las filas de La Libertad Avanza predomina el convencimiento de que el esquema actual de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sufrirá modificaciones irreversibles. A pesar de que todavía resta bastante tiempo para los comicios presidenciales, la Secretaría General de la Presidencia ya trabaja en la estrategia de reelección de Javier Milei, mientras el Jefe de Estado concentra su agenda en el rumbo macroeconómico.
El oficialismo asegura tener sintonía con 13 gobernadores y con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; sin embargo, en los despachos oficiales admiten que erradicar las PASO por completo —como plantea el borrador original en el Senado— es una meta compleja debido a los matices que presentan los líderes provinciales.
Frente a este escenario, la mesa chica libertaria maneja tres alternativas: la de máxima es la supresión definitiva; el plan intermedio contempla reeditar lo dispuesto para los comicios legislativos del 2025 mediante una suspensión excepcional; y la meta de mínima es transformar las primarias en un sistema optativo, tanto para las agrupaciones partidarias como para el electorado.Los argumentos del oficialismo para desactivar las primarias
Los fundamentos que maneja el espacio liberal para desarticular esta instancia electoral combinan conveniencia estratégica con consignas discursivas:Fragmentación de la oposición: En los pasillos oficiales reconocen que la atomización de la oferta electoral, especialmente en los sectores de izquierda, beneficia de forma directa los intereses de la Casa Rosada.
Bajo la premisa de “dividir para reinar”, visualizan un panorama de dispersión de candidatos semejante al del año 2003, apuntando a un triunfo en primera vuelta que requiere superar los 40 puntos y sacarle una ventaja mayor a 10 unidades al segundo competidor.Cumplimiento de consignas y ajuste fiscal: El proyecto se alinea con la promesa de campaña de terminar con el financiamiento público de las internas partidarias, utilizando el lema “no hay plata”.
Desde la óptica gubernamental, suspender estos comicios significaría un alivio fiscal estimado en torno a los 250 millones de dólares para el erario público.Fatiga del electorado: Relevamientos internos y estudios de opinión pública que maneja el Gobierno reflejan un marcado desinterés de la ciudadanía por asistir reiteradas veces a las urnas, un factor que se potenciará con los desdoblamientos de los calendarios provinciales.
El oficialismo teme que una baja participación general castigue el caudal de votos de su propia fuerza frente a estructuras tradicionales con mayor capacidad de movilización.El mapa con las provincias y la lectura a largo plazoLa estrategia de La Libertad Avanza cuenta con un factor a favor: el interés de los propios gobernadores en consolidar sus proyectos territoriales. De la lista de 14 mandatarios con los que la Casa Rosada busca sellar el acuerdo, casi la totalidad tiene la posibilidad legal de aspirar a un nuevo mandato, con la única excepción del mendocino Alfredo Cornejo, debido a las restricciones constitucionales de su provincia.La lectura política del oficialismo es que los jefes provinciales prefieren que sea Milei quien absorba los costos del ordenamiento fiscal actual, pavimentando un escenario económico más favorable para el período presidencial que se iniciará en 2031.
En el entorno gubernamental asumen que los beneficios reales de normativas como el RIGI se materializarán hacia el final de la década, por lo que el próximo mandatario capitalizaría los resultados del programa económico vigente.Para tejer estos consensos en ambas cámaras del Congreso, el oficialismo delegó la tarea operativa en Diego Santilli, desde la Jefatura de Gabinete como enlace con las provincias, y en Patricia Bullrich, encargada de coordinar las bancadas aliadas en el Senado.Las tres etapas de la negociación con el federalismo
El acercamiento entre el Gobierno nacional y los gobernadores se articulará en tres fases consecutivas:Partidas financieras e infraestructura: El primer eslabón de la negociación utilizará la reactivación de obras públicas y la asignación de recursos fiscales como incentivo para los distritos que acompañen la reforma, fondos que los gobernadores precisan de cara al año electoral.Definiciones en la Boleta Única: El segundo eje de discusión se centrará en los aspectos técnicos de la plataforma de votación, puntualmente en la inclusión o prohibición de las listas colectoras dentro del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, una herramienta clave para que los partidos locales adosen sus listas legislativas a las fórmulas presidenciales principales.Acuerdos programáticos de candidaturas: La última fase se consolidará durante el armado de listas del año próximo.
A diferencia de los comicios del 2025, donde el oficialismo priorizó la selección de dirigentes puros para blindar los tercios en el Congreso y sostener los vetos del Ejecutivo, el objetivo principal para el próximo turno electoral será garantizar la reelección de Javier Milei. Esto abrirá la puerta a coaliciones pragmáticas con fuerzas provinciales en lugar de competirles directamente en sus territorios, configurando un horizonte de intensas tratativas políticas antes de que concluya el año.
