Los efectivos de la Comisaría N° 7 de Campo Quijano habrían elaborado un informe policial con información falsa para ocultar su falta de acción, según lo señalado por la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) de Salta, que los convocó a una audiencia el pasado lunes.
Cruz, de 37 años, fue asesinada el 17 de febrero en su domicilio en el barrio Luz y Fuerza. Su agresor, Daniel Orlando Serapio, confesó el crimen a la madre de la mujer y se dio a la fuga, pero fue detenido dos semanas después, hallado en una cueva de la precordillera.
Poco tiempo después del hecho, la madre de Cruz informó que su hija había viajado a Salta capital apenas horas antes del ataque para presentar otra denuncia por violencia de género y obtener una nueva medida de restricción, pero le informaron que no había personal disponible para atenderla. A pesar de que la víctima contaba con una consigna policial dispuesta por un juzgado como medida de protección ante los reiterados episodios de violencia, esta custodia nunca fue implementada, a pesar de que los agentes de la Comisaría N° 7 estaban al tanto de la orden judicial. Esta circunstancia motivó la reciente imputación.
Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras el femicidio, los agentes supuestamente confeccionaron un informe con datos falsos en el que se registró un supuesto intento de establecer la custodia en la vivienda de la víctima.
La fiscal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la UFEM, lleva adelante la investigación en colaboración con la fiscal Claudia Geria de la Fiscalía de Derechos Humanos. Ante la gravedad de la situación, la Procuración General de Salta decidió crear una unidad conjunta para profundizar la investigación sobre la actuación de la policía. Los fiscales han señalado que la investigación ha permitido recopilar evidencia de presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género, como la falta de cumplimiento de protocolos, fallas en los controles internos y deficiencias en la implementación de medidas de protección entre enero y febrero de 2023 en dicha dependencia.
Los diez policías imputados enfrentan diferentes grados de responsabilidad. Tanto el jefe de la comisaría como el jefe de guardia son acusados de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Al primero se le imputa haber impulsado la elaboración del informe falso y no asegurar el cumplimiento de la custodia. Al segundo, se le atribuye haber dado la orden para la redacción de ese documento y no supervisar la implementación de la medida judicial.
Otros dos agentes, un suboficial y un oficial, fueron imputados por el delito de falsedad ideológica; el suboficial se atribuye la redacción y firma del informe apócrifo, mientras que el oficial fue quien transmitió la orden de elaborarlo. Los cinco restantes, cuatro mujeres y un hombre, enfrentan cargos como coautores del incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber implementado las medidas pertinentes para hacer efectiva la consigna policial ni informar a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplir con la misma.
La reconstrucción de los hechos se llevó a cabo a través del análisis de documentación y testimonios recopilados por la Unidad Fiscal, con el respaldo del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2° Nominación del distrito Centro. Serapio permanece bajo prisión preventiva desde marzo, al igual que otros dos imputados por encubrimiento agravado durante su huida.
