Según los letrados, las empresas ligadas a Lázaro Báez no habrían obtenido beneficios de los Fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, por los cuales fue condenada. “La imputación es falsa”, continuó Beraldi. Por su parte, el brasileño Rafael Valim afirmó: “No hay ningún fundamento fáctico para condenarla”.
Beraldi, Valim y Javier Borrego convocaron a los medios a las 15 horas en el NH Hotel, situado en el Microcentro, para comunicar “información de relevancia” relacionada con la comunicación presentada a finales de julio ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde documentaron ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el proceso judicial contra la exmandataria.
En su exposición, los abogados sostuvieron que el juicio representó una infracción a múltiples garantías y subrayaron que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral” de Kirchner. “La condena buscaba impedir su candidatura en futuras elecciones”, manifestaron, y añadieron que “la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”.
El documento dirigido a la ONU también cuestionó la validez de la condena. Consideraron que “se atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente”, y señalaron que la sentencia “se sustentó en la firma del Decreto 54/2009, vigente hasta la fecha”. Asimismo, denunciaron que “se obstruyó una defensa adecuada”.
Los abogados incorporaron nuevos elementos probatorios derivados de la causa Cuadernos, a través de la declaración de un funcionario de Vialidad citado por la fiscalía. Según explicaron, la información provino de documentación sobre la distribución de los fondos del fideicomiso investigado y fue presentada por Valim en el informe titulado “Evolución de los desembolsos del Presupuesto Nacional RA 2009 a 2015”.
Según el análisis de la defensa, las empresas asociadas a Lázaro Báez habrían recibido apenas el 1% de los recursos, mientras que otros conglomerados empresariales habrían concentrado porcentajes más significativos. Entre estos, los abogados mencionaron a firmas vinculadas al entorno del primo del expresidente Mauricio Macri, que habrían recibido cerca del 16% de los fondos.
Para la defensa, estos datos ponen en entredicho la argumentación de que el fideicomiso fue empleado para favorecer específicamente a las empresas de Báez.
