Con la firma de Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el proyecto fue ingresado al parlamento pasadas las 22 horas. Según establece el texto, se prevé un superávit primario de $18,44 billones, que representa el 1,3% del PBI, y un superávit financiero de $3,30 billones, equivalente al 0,2% del producto, después de considerar el pago de intereses de la deuda.
En el apartado económico, se anticipa un crecimiento del PBI del 4% para 2027, con una inflación anual estimada en 18%. Asimismo, se prevé que el salario promedio aumente un 25,4%, lo que superaría el incremento esperado de los precios.
La propuesta también incluye un tipo de cambio de $1.847,60 para finales de 2027. Desde el Ejecutivo se aclaró que esta cifra no es una predicción exacta de la cotización, sino que corresponde a un ajuste del nivel actual en función de la inflación proyectada para el año próximo.
En relación a las disposiciones para discapacidad, se plantean cambios significativos. Uno de los más destacados es la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece que la Pensión No Contributiva por invalidez laboral se fijará en el 70% de la jubilación mínima y será incompatible con un empleo formal o con la inscripción en regímenes generales o simplificados.
Además, se establece un nuevo enfoque en el nomenclador, donde los valores ya no serán universales y cada organización deberá definirlos. En el caso nacional, se actualizarán trimestralmente, y en caso de no realizarse dicha actualización, se tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) proporcionado mensualmente por el INDEC.
Por otra parte, se propone derogar varios artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, lo que afecta notablemente a la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Esto incluye la eliminación de garantías de acceso a un programa médico y de cobertura de salud para quienes reciben esta pensión.
En lo que respecta a las universidades, el Gobierno asigna una partida de $7.3 billones para su funcionamiento e inversiones, cantidad que, aunque solicitada por las instituciones, queda por debajo de los $11 billones que requerían para operar en 2027. En 2026, el Ejecutivo había propuesto un presupuesto de $4,8 billones y este año el gasto se aproximó a los $6 billones.
Recientemente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó su plan de presupuesto para 2027 en el 96° Plenario de Rectoras y Rectores en la Universidad Nacional de Río Negro, donde expresaron la necesidad de $11 billones, indicando un desfase con las proyecciones gubernamentales.
El documento económico también incluye un aspecto significativo: el artículo 12 establece que el Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, podrá suspender las transferencias a las universidades que no cumplan con la entrega de información solicitada.
Además, el Ejecutivo determinó que los incrementos salariales para 2027 se basarán en las plantillas docentes y no docentes vigentes hasta noviembre de 2026, a menos que se autoricen ampliaciones. Con este Presupuesto 2027, la tensión entre el Gobierno y las universidades continúa, y se prevé que, de no cumplirse con la ley, se organizará una nueva Marcha Federal Universitaria en la primera semana de octubre.
