Una primera mirada del proyecto oficialista manifiesta que la Función Ciencia y Técnica (FCyT) propone $2,6 billones para el próximo año, lo que implica un 0,178% del PBI, lejano al 0,59% que se establecía como meta para el 2027 en la derogada Ley 27.614. Eso representa un 10,5% de incremento interanual real, según el Centro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología e Innovación (CICTI). Lo que a priori podría exhibirse como un alivio para el sector, esconde dos factores decisivos.
El primero de ellos es lo que se computa en la Jurisdicción 91 como Obligaciones a Cargo del Tesoro (OACTs), que en el presupuesto general representa la tercera erogación más onerosa con un total de $14,9 billones (solo por detrás del Ministerio de Capital Humano y los servicios de deuda), a pesar de no tener edificio ni personal. Se trata de un fondo discrecional que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y no tiene una asignación específica. En la FCyT, las OACTs representan un 15,9% del total, por lo que sin contar este monto la variación real para el sector en realidad es un retroceso del 7,1% interanual.
Hay un elemento oculto más. La Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología, que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, contiene una variación real positiva de 3,1% interanual, alcanzando los $38.395 millones para el 2027. Una de sus dependencias emblema, el Conicet, continúa su retroceso de fondos, que será -7,8% en comparación al 2026, por debajo de lo que pierde el Banco Nacional de Datos Genéticos (-9,5%), pero más que la Agencia I+D+i (-2,3%). La única suba la refleja el CONAE, dedicada a actividades espaciales, con un impulso del 26%, según lo reflejado por el informe del Grupo EPC.
Entonces, ¿cómo se explica el crecimiento de los fondos de la Secretaría? Una de las respuestas aparece en su otra dependencia, el Centro Nacional de Ciberseguridad. Se trata de un organismo que puede ser relevante por su función de proteger el “ciberespacio de interés nacional y las infraestructuras críticas de información”, tal como se declara su web oficial. Sin embargo, según OpenArg para septiembre sólo se ejecutó el 4% de lo dispuesto para el Presupuesto 2026, que estableció una suma total de $1.100 millones. Con ese antecedente, para el 2027 el proyecto oficialista pide $3.200 millones, un 117% interanual en términos reales.
Todos los estudios presupuestarios enfocados en el sector científico dieron cuenta de estos elementos. “Se incorpora en la función líneas presupuestarias sin relación con CyT y mantiene $412.000 millones no asignados”, planteó el Grupo EPC, mientras que el CICTI las calificó de “crecientes partidas espurias, que no guardan relación con las actividades científicas y tecnológicas” En lo que corresponde a ciberseguridad, las partidas más relevantes corresponden al “Fortalecimiento de las TICs” ($86.000 millones) y dos programas nuevos denominados “Actividades centrales” (51.000 millones) y “Planificación y sostenibilidad energética” ($34.000 millones).
Entre ambas dependencias superan lo presupuestado para el INTI ($71.533 millones, un -1,3% interanual) que en abril suspendió más de 600 servicios -en los que competía contra el sector privado- y que viene sosteniendo un conflicto con el Ministerio de Desregulación por la posible cesantía de otros 700 trabajadores. Las medidas ocurren en medio de una reestructuración de las autoridades, encabezadas por la flamante secretaria Adriana Baravalle, designada en agosto en su cargo y sobre quien ya pesa una denuncia penal por presentarse como Doctora en Inteligencia Artificial sin poder verificarse la autenticidad de la titulación.
Las modificaciones en cambios directivos también apuntan al INTA, en donde fue designado el 1° de agosto como “gerente de contabilidad” Daniel Alfredo Neira, un día después de dejar su cargo en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, dependiente también de Jefatura de Gabinete), organismo que le otorgó una liquidación final neta de $109.781.999 por prescindir de sus servicios. El instituto tecnológico agropecuario prevé una reducción interanual real del -22,1% de sus fondos y se tiene previsto un programa de revisión de su patrimonio territorial.
“Nuestro reclamo tiene una doble mirada porque la ley de Financiamiento Universitario debiera incluirse en el Presupuesto 2027”, le dijo a este medio Clara Chevalier, titular de la CONADU, en referencia a las medidas anunciadas por el gremio, en la cuenta regresiva que tiene el Gobierno para cumplir con el fallo judicial. El plazo que le dio el juez Martín Cormick al Ejecutivo para comenzar las erogaciones correspondientes a la implementación de la ley vence este miércoles. Después, correrán multas y movilizaciones sindicales, que ascenderían hasta la Marcha Federal del 15 de octubre.
Las autoridades académicas evaluan una acción penal contra la Jefatura de Gabinete y ya pidieron encuentros con gobernadores para incidir en el debate presupuestario. La demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) es fijar fondos por al menos $11 billones para el 2027, lo que canaliza la recomposición salarial, de gastos de funcionamiento y de becas. Lo establecido en el Presupuesto oficialista es $7,5 billones, una caída del -1,1% interanual en términos reales. Aún con fondos reducidos, apuntan a que la distribución se rige por la discrecionalidad. En un encuentro realizado en el Anexo de la Cámara de Diputados, Anselmo Torres -vicepresidente del CIN y rector de la UNR- ejemplificó con las cifras que manejan los cuatro hospitales escuelas que gestionan en Río Negro: se dispusieron $47 millones en 2024 pero $24 millones para el 2027.
“Ya hay 15.000 docentes que han dejado la universidad pública, porque por 7.000 pesos la hora esto no se sostiene como trabajo”, esclareció Chevalier, quien describió un escenario en el que el pluriempleo docente los lleva a tomar empleos en plataformas y la informalidad. “Ahora está midiéndose la poca eficacia del Poder Judicial para hacer cumplir sus indicaciones, que el Gobierno viene eludiendo”, añadió. Tanto el plano jurídico como el legislativo, donde el oficialismo pretende tener media sanción del proyecto para el 4 de noviembre, serán los ámbitos para terminar de delinear el horizonte científico argentino.
