Este anuncio se hizo tras la denuncia del Gobierno sobre vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, presuntamente operados por la empresa Thales UK Limited, lo que llevó a iniciar procedimientos sancionatorios, introducir denuncias penales y realizar gestiones diplomáticas.
Durante la entrevista, Quirno relacionó estas acciones con el plan presentado por Javier Milei para cuestionar las licencias otorgadas por el Reino Unido en el archipiélago. “Significa un paso más en la estrategia que fue anunciada por el presidente Milei hace ya un par de semanas en cadena nacional”, comentó.
La notificación enviada a Londres exige la paralización, en un plazo de 14 días, de las acciones vinculadas a la puesta en marcha de Sea Lion, un proyecto hidrocarburífero localizado en la Cuenca Malvinas Norte. La postura oficial sostiene que este proyecto se desarrolla sobre recursos cuya explotación no puede llevarse a cabo de manera unilateral en el contexto del actual reclamo de soberanía.
Quirno destacó que la propuesta de la administración busca fortalecer el efecto disuasorio de las sanciones existentes para las empresas que operen con permisos británicos. “El entramado de presentarnos ante un tribunal internacional es para hacer valer nuestros derechos ante la decisión unilateral del Reino Unido”, dijo el canciller.
Aclaró que el plazo estipulado forma parte de los mecanismos establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. “Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar para obtener medidas provisionales que frenen esta situación”, aseguró.
El canciller comparó este proceso con antecedentes argentinos ante instancias internacionales, como el caso de la fragata Libertad, la Laguna del Desierto y el canal de Beagle, indicando que esta es la primera vez que Argentina presenta ante un tribunal internacional la causa Malvinas relacionada con la explotación de hidrocarburos.
Desde la Casa Rosada se sostiene que las actividades proyectadas en Sea Lion transgreden las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo la primera la que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la segunda la que exhorta a ambas partes a evitar decisiones unilaterales que alteren la situación mientras el diferendo persista.
El Gobierno también invoca la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar, argumentando que los yacimientos del proyecto se ubican a 220 kilómetros al norte de las islas, dentro de una plataforma continental donde Argentina sostiene derechos soberanos.
Quirno resaltó la urgencia de las medidas en función de los planes de producción de la empresa operadora. “Hay un riesgo y una urgencia que tiene que ver con la intención de explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas”, observó.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que la extracción comience antes de una resolución internacional, respondió que el primer barril está previsto para 2028, enfatizando que se están tomando acciones con suficiente anticipación para evitarlo.
El canciller aclaró que la estrategia oficial no se limita a la acción diplomática o judicial, sino que también busca condicionar a las empresas proveedoras, inversores y entidades financieras que consideren participar en Sea Lion, un proyecto impulsado por un consorcio que incluye a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
“Deben decidir entre operar con licencias ilegítimas en Malvinas o hacerlo en Argentina, donde hay un gran potencial”, planteó Quirno respecto a las oportunidades relacionadas con los recursos energéticos argentinos.
Según el funcionario, varias compañías privadas han expresado su decisión de no involucrarse en las actividades cuestionadas, destacando que “las más importantes del mundo” han indicado que no participarán debido a la potencialidad de Argentina en la valorización de sus activos estratégicos.
Quirno también fue cuestionado sobre los bancos o fondos que podrían financiar el desarrollo de Sea Lion, señalando que “los financiadores también están contribuyendo a la posibilidad de esta explotación”, antes de dejar en claro que el Gobierno supervisará dichas participaciones.
Ante la posibilidad de que una entidad que financie el proyecto aspire posteriormente a prestar dinero a Argentina, el canciller respondió: “Mejor viceversa”, añadiendo que esas entidades deberán determinar “cuál es su mejor negocio y cuál es su interés con respecto a lo que está diciendo Argentina”.
A nivel local, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para activar Sea Lion. La Cancillería, por su parte, avanza en gestiones ante Estados Unidos para evaluar una posible mediación, alternativa que requeriría la aceptación del Reino Unido.
Quirno negó que las decisiones oficiales busquen establecer un esquema de coexistencia con los británicos en las islas. “No se apunta a una armonía y a una nueva relación: se apunta a recuperar la soberanía argentina en las Malvinas”, sostuvo.
El canciller vincula esta firma con el reclamo previsto en la Constitución Nacional, destacando que el objetivo es reunir instrumentos diplomáticos, legislativos, económicos y judiciales.
Insistió en que Argentina persigue la resolución de la disputa por medios pacíficos y diplomáticos. “Si no te querés sentar a negociar, si no querés hablar nada, el statu quo se mantiene y nosotros no aceptamos ese statu quo”, declaró.
Refiriéndose a Chile, recordó una reunión llevada a cabo el 3 de septiembre con el presidente José Antonio Kast y su equipo, surgió un comunicado conjunto donde Santiago reafirmó su respaldo al reclamo argentino y afirmó que no brindará apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en Malvinas.
En respuesta a declaraciones del ministro de Defensa chileno sobre la administración británica de hecho sobre las islas, Quirno afirmó: “Palabra de presidente mata palabra de ministro”.
La entrevista también trató el proyecto de Ley de Soberanía Nacional y las críticas que se han suscitado hacia un artículo que propone penas de cinco a 12 años para quienes, bajo órdenes o financiamiento extranjero, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública a través de campañas masivas de desinformación.
“La ley no persigue ningún tipo de restricción a la libertad de expresión”, aclaró Quirno, añadiendo que cualquier acusación debe probarse y debe demostrarse que afecta la opinión pública de manera masiva.
El canciller mencionó que la iniciativa contempla modalidades de conflicto diferentes a la confrontación militar convencional. “No estamos ante una invasión por parte de un ejército. Este tema se resuelve de otra manera”, concluyó.
