La sentencia fue firmada por Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y los conjueces Fernando Poviña, de la Cámara Federal de Tucumán, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, como suele ocurrir en causas vinculadas con el terrorismo de Estado: sostuvo que no se había probado el papel de Müller.
Ford Motor, de origen estadounidense, llegó a la Argentina en 1914. En 1942 debió cerrar por la falta de insumos causada por la Segunda Guerra Mundial. Diecinueve años después, durante la etapa de industrialización por sustitución de importaciones, abrió su planta en General Pacheco.
En junio de 1976, la fábrica ubicada en el partido de Tigre tenía 5124 operarios y 2083 empleados, de acuerdo con el acta de directorio 180. Para entonces, la masacre de la última dictadura ya estaba en marcha. Los Falcon verdes fabricados por Ford se convirtieron en emblema de la represión: en esos autos salían de cacería los verdugos.
Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fueron secuestrados 24 trabajadores de Ford. Diecisiete fueron privados ilegalmente de su libertad dentro de la fábrica y nueve permanecieron cautivos en un quincho utilizado como centro de detención y tortura. Durante algunos secuestros, a las víctimas les mostraron fotos de sus legajos o carnets de la empresa. Quienes dirigían la planta difícilmente pudieran desconocer lo que ocurría, pese a sus intentos por presentarse como ajenos a los hechos.
Esa fue la conclusión a la que llegó en diciembre de 2018 el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que condenó a Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares, y a dos directivos de Ford: Héctor Sibilla y Pedro Müller. “A lo largo del debate ha quedado acreditada la intervención de la empresa Ford, a través de su personal jerárquico en los hechos que damnifican a las víctimas de autos”, escribieron entonces los jueces Mario Jorge Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Herrero.
En septiembre de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. “A partir del 24 de marzo de 1976 Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”, escribió el camarista Alejandro Slokar.
A fines de marzo de 2022, los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, con el voto en contra de Carlos Mahiques, habilitaron que el caso de Müller llegara a la Corte. La causa permaneció más de cuatro años en el máximo tribunal.
El paso del tiempo favoreció a los responsables. Sibilla murió en mayo de 2023, a los 97 años. Había integrado el Ejército y luego estuvo a cargo de la seguridad de Ford durante dos décadas. También dirigió hasta 2004 la oficina de seguridad de la embajada de Estados Unidos.
Un año más tarde murió Riveros, quien había recibido varias condenas. La Corte aún debía resolver la situación de Müller, que actualmente tiene 95 años. El tribunal oral le había impuesto diez años de prisión y dispuso que, una vez firme la sentencia, cumpliera la pena en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.
Müller nació en 1931 en Checoslovaquia. Se incorporó a Ford a comienzos de la década de 1960 y trabajó allí hasta junio de 1992. En 1976 era gerente de Manufactura, responsable de la producción. Para el retorno de la democracia ya ocupaba la vicepresidencia de la compañía.
De acuerdo con la reconstrucción del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, basada, entre otras fuentes, en investigaciones encabezadas por la historiadora Victoria Basualdo, Müller formaba parte del directorio de la automotriz durante los primeros meses posteriores al golpe, mientras se producían los secuestros.
Por entonces, Ford no ocultaba su respaldo a la dictadura. En 1980, durante la inauguración de las obras de la planta de camiones, el presidente de la compañía, Nicolás Courard, dijo ante José Alfredo Martínez de Hoz: “Ford Motor Argentina creyó en el Proceso de Reorganización Nacional porque vio en él el vehículo para que el país se encuentre con su verdadero camino”.
Meses antes, en febrero de 1976, Courard había declarado en una entrevista: “Los terroristas no son solo los guerrilleros afuera en las montañas o en las calles. Ellos están acá mismo en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles a ellos cuánto tienen que producir cada día”.
Después de los secuestros, el directorio, del que Müller formaba parte, celebró el aumento de la productividad.
La postura de la Corte
La mayoría del máximo tribunal consideró que, para establecer la participación de civiles en delitos de lesa humanidad, debe ponderarse el contexto histórico en el que se cometieron. Recordó que en otras ocasiones había señalado que el plan sistemático de represión se dirigió contra las actividades gremiales y que existió un “plan de operaciones para ‘erradicar los elementos subversivos’ en el ‘ámbito industrial’”. También mencionó que, desde el 24 de marzo, se suspendió el derecho a huelga, se intervino la Confederación General del Trabajo y se paralizó la actividad gremial de las organizaciones de trabajadores.
Rosatti, Poviña y Pérez Curci también tomaron en cuenta el informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El documento indica que más del 30 por ciento de las personas detenidas-desaparecidas eran obreros y que muchos secuestros ocurrieron en los lugares de trabajo.
Rosenkrantz, en cambio, sostuvo: “No todo lo que convence a profesionales de las ciencias sociales respecto de la ocurrencia de un hecho es apropiado y suficiente como para convencer a jueces de la Nación. No somos historiadores, ni sociólogos, ni politólogos, quienes para explicar un hecho pueden basarse, entre otras cosas, en consideraciones contextuales”.
Para el juez, de trayectoria en el ámbito corporativo, no había pruebas suficientes para condenar a Müller y el tribunal había valorado los elementos en contra del acusado. “Más allá del desempeño de Müller como gerente de manufactura de Ford, circunstancia que no tiene ninguna virtualidad probatoria de su participación criminal, el a quo no indicó ninguna prueba que lo involucrara personalmente con los delitos imputados. De las constancias de la causa no surge que Müller tuviera dentro de sus competencias o funciones asignadas, de o iure de facto, la custodia de la información privada de los empleados a su cargo, ni el control sobre el ingreso y egreso del predio, ni la posibilidad de disponer de sectores específicos de la fábrica por fuera de las áreas de producción, ni la posibilidad de brindar asistencia logística a fin de que los militares desplegaran sus operaciones dentro de la factoría. Tampoco se ha citado ningún testimonio de alguna víctima o testigo que hubiera indicado que Müller se encontraba presente en el momento de las detenciones o torturas, ni que las hubiera conocido o prohijado”, escribió Rosenkrantz.
La decisión de la Corte llega en un momento clave. Hace pocas semanas comenzaron los juicios orales contra Emilio Parodi, gerente de Molinos Río de la Plata, y Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Mercedes-Benz. En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py tomó declaración indagatoria a los acusados de apropiarse de los bienes de personas desaparecidas que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada.
