La Argentina quedó entre los trece países que rechazaron la resolución, frente a casi cien que la respaldaron. Por orden de la Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno instruyó a Fabián Tropepi, embajador y representante permanente de la República Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas, para que votara en contra. Así, la representación argentina se alineó con Estados Unidos, Israel, Corea del Norte y Rusia. La decisión se suma al reciente voto contra una resolución que condenó las formas contemporáneas de colonialismo, con el objetivo de no incomodar a Donald Trump. Una fuente de la Cancillería al tanto de la votación afirmó que el rechazo tuvo “el único objetivo de proteger a Netanyahu”. El diputado Jorge Taiana calificó el episodio como “un nuevo bochorno diplomático ante la ONU”.
“La votación consolida la ruptura histórica de la posición argentina, que, al ser un país que sufrió la dictadura, la tortura y la desaparición de personas, tuvo un papel destacado en el fortalecimiento de la Corte”, explicó una fuente consultada. En efecto, nuestro país fue pionero a escala global al suscribir los cuatro acuerdos voluntarios de cooperación promovidos por el organismo. El compromiso también está plasmado en la legislación nacional. El Congreso aprobó el Estatuto de Roma mediante la ley 25.390, sancionada en noviembre de 2000, y la Argentina lo ratificó en enero de 2001. La ley 26.200, publicada en enero de 2007, estableció los mecanismos para su implementación y reguló la cooperación del Poder Ejecutivo y la Justicia Federal con el tribunal.
La normativa prevé penas de hasta 25 años de prisión por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y prisión perpetua cuando se causa una muerte en los supuestos contemplados por la ley. También establece que esos delitos son imprescriptibles. A ese marco se sumó la ley 27.156, que prohíbe amnistías, indultos y conmutaciones de penas para los delitos de competencia de la Corte.
El voto contra la resolución expresa una decisión política. Quirno ordenó rechazar un texto que, además de respaldar la labor del tribunal, condena las amenazas y las interferencias contra su funcionamiento. Trump anunció recientemente fuertes sanciones contra la CPI, entre ellas la prohibición de que entidades estadounidenses realicen transacciones con el organismo. Marco Rubio las justificó en nombre de la “soberanía de Estados Unidos” y acusó al tribunal de intentar enjuiciar a ciudadanos de su país. “No la puede romper formalmente, pero la rompe materialmente, como hace con todo”, explicaron fuentes consultadas. La Corte denunció un ataque contra el Estado de derecho y los fundamentos del orden jurídico internacional.
En busca de congraciarse con Trump y Netanyahu, el Gobierno argentino volvió a ponerse del lado de quienes intentan desmantelar el tribunal que el país contribuyó a consolidar. Netanyahu tiene una orden de detención de la CPI desde noviembre de 2024 por crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como por ataques dirigidos contra la población civil en la Franja de Gaza.
La persona designada para trabajar en la estructura jurídica contra la Corte es Mario Oyarzábal, quien fue nombrado representante ante la CPI durante el gobierno de Cristina Kirchner. “En su momento tuvo una política progresista y razonable, y ahora se vendió, se hizo libertario y juega este juego. Es el actual consejero legal de la Cancillería y el encargado de llevar adelante esta estrategia de desprestigiar a la propia Corte ante la que actuó como representante argentino”, señalaron fuentes consultadas. “Oyarzábal fue embajador en Holanda con juego en La Haya durante el gobierno de Alberto Fernández y tenía a su cargo la relación con la CPI que ahora quiere romper”.
Los antecedentes
La serie de episodios diplomáticos controvertidos no termina allí. El más reciente fue la abstención argentina en la votación contra las formas contemporáneas de colonialismo en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU. Para no incomodar a Trump, el Gobierno evitó respaldar un texto que reafirma la Resolución 1514, uno de los fundamentos del reclamo de soberanía sobre Malvinas. De ese modo, se distanció de Brasil, México, Sudáfrica e India, aliados históricos de la posición argentina. La decisión tiene un agravante: Estados Unidos también busca disolver el Comité de Descolonización, un espacio clave para sostener el reclamo por las islas.
En noviembre de 2024, la delegación argentina rechazó un proyecto para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en entornos digitales, respaldado por 170 Estados. En junio de 2025, votó contra la resolución que reclamaba un alto el fuego inmediato en Gaza y, en noviembre de ese año, se sumó a Estados Unidos e Israel para rechazar un texto que reafirmaba la prohibición de la tortura, apoyado por 169 países. En marzo de este año, los tres países fueron los únicos que se opusieron a declarar la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racial como “el crimen más grave contra la humanidad”. Fue otra concesión a Trump que comprometió el vínculo con los países africanos que respaldan a la Argentina en la causa Malvinas.
