Con una semana de retraso, el debate se retomará este miércoles a las 16 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. Las presiden el libertario Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, exministra de Desarrollo Social, respectivamente. La intención es firmar el dictamen, aunque todavía no está asegurado el quórum: algunos senadores viajaron a Estados Unidos como veedores de las elecciones. Si se reúne el número necesario, el proyecto podría tratarse en el recinto el 26 de noviembre, durante la última sesión ordinaria del año.
El calendario es estrecho y las organizaciones del colectivo dudan de que la ley se apruebe antes del cierre de las ordinarias. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad prepara una nota para pedir que el texto se sancione sin cambios. “Que esto se vote tal cual está porque no hay tiempo legislativo para estirar el tema”, plantearon.
En paralelo, las organizaciones reclaman que el Presupuesto 2027 se vote sin el capítulo VI, que dispone recortes para el sector, y que incluya las partidas necesarias para aplicar la ley que ya cuenta con media sanción de Diputados.
El acuerdo alcanzado en la Cámara baja fue posible tras un giro profundo del Gobierno, que terminó aceptando los reclamos de aliados y opositores para aprobar la nueva norma antes de la llegada de León XIV. El Papa incluyó en su visita pastoral al Cottolengo Don Orione, una institución que estuvo cerca de cerrar por la falta de pagos del Estado nacional. “La combinación de aranceles desfasados, una inflación que no da tregua y la interrupción en la cadena de pagos estatal ha generado un escenario de vulnerabilidad para las 1.200 personas con discapacidad que asiste la institución en todo el país”, denunció su dirección en abril de este año.
Meses atrás, el arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del Episcopado, Ángel Rossi, criticó con dureza el ajuste dispuesto por el Gobierno para las personas con discapacidad. El cardenal denunció “un cierto sadismo de Estado” y sostuvo que “estamos viendo favorecer a los opulentos y restringir la ayuda a los discapacitados, jubilados, enfermos y vulnerados”. La Iglesia tuvo un papel central en el avance de la ley: la Mesa de Discapacidad de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal se reunió con diputados libertarios y de otras fuerzas para reclamar cambios en el dictamen oficialista.
La nueva ley
La iniciativa fue modificada durante la última sesión de Diputados y resguardó derechos que el Poder Ejecutivo buscaba recortar en el Presupuesto 2027. En una sesión extensa, la oposición consiguió incorporar los cambios reclamados por las organizaciones. El proyecto obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones de diputados de izquierda. El oficialismo lo denominó “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”.
En cambio, el proyecto de Presupuesto enviado por Luis Caputo propone eliminar el nomenclador único y el arancel unificado para los prestadores. También suprime el mecanismo de actualización de las prestaciones y la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. Los diputados dialoguistas reclaman retirar esos artículos y asegurar los fondos para cumplir la nueva ley como condición para acompañar el Presupuesto. La media sanción alivió las tensiones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, pero el Gobierno todavía debe comprometerse a eliminar el capítulo completo e incorporar las partidas. Entre los bloques aliados circula un borrador con los cambios.
El proyecto, que aún debe ser aprobado por el Senado, convierte en permanentes las principales disposiciones de la emergencia, cuyo vencimiento está previsto para fin de año. Conserva la pensión no contributiva por discapacidad en un monto equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima y permite que sus titulares tengan un empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo, siempre que sus ingresos laborales no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. También garantiza la continuidad de la cobertura médica mediante Incluir Salud.
Para los prestadores, mantiene el nomenclador único, el arancel unificado y la actualización de los valores de las prestaciones de acuerdo con la movilidad jubilatoria, vinculada a la inflación. Además, establece que el Ejecutivo deberá informar un cronograma para cancelar las deudas dentro de los 30 días posteriores a la sanción y completar los pagos en un máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la norma.
El texto dispone que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán reducirse en términos reales frente al ejercicio anterior y contempla aportes del Tesoro para cubrir eventuales faltantes. Con ese mecanismo, los bloques que respaldaron la iniciativa buscan impedir que el Ejecutivo vuelva a postergar su aplicación alegando falta de fondos.
La propuesta también prevé auditorías periódicas mediante el cruce de datos de la ANSES, la ARCA, el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. La suspensión de una pensión quedará sujeta a un procedimiento que obliga a notificar a la persona afectada y darle 60 días para presentar su descargo. Luego deberá intervenir la autoridad competente.
En el plenario también se debatirán los proyectos de Anabel Fernández Sagasti y Carlos Linares, que proponen prorrogar la emergencia.
