Casal, junto a los secretarios de la Procuración, Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima Espel, expusieron ante la comisión Bicameral de Control del Ministerio Público, encabezada por el legislador del oficialismo Sebastián Galmarini. Durante su intervención, hicieron hincapié en la necesidad de un mayor presupuesto, argumentando que los recursos recibidos en los últimos dos años han estado por debajo de la inflación.
En el contexto de un fallo judicial, se determinó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es la última instancia para las causas que se tramitan en la justicia nacional antes de que lleguen a la Corte Suprema de Justicia.
Casal comunicó que se ha solicitado al Poder Ejecutivo la emisión de un DNU que “permita mantener la intervención del Ministerio Público Fiscal en las causas de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires mientras se completa el proceso de transferencia de competencias a la órbita porteña”. Además, enfatizó: “Tenemos una responsabilidad fundamental de hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción”, y añadió que “mientras la situación no se resuelva, la Procuración continuará interponiendo los recursos correspondientes”, informando que el proyecto de DNU está actualmente siendo analizado por el Ministerio de Justicia.
Galmarini mencionó que “el reclamo sobre el fallo Levinas es razonable y urgente, pero creo que lo mejor es que lo resolvamos por ley. Ya estamos trabajando en una solución viable y temporaria hasta que se transfieran todas las competencias”.
En relación con la situación presupuestaria, Olima Espel alertó que los recursos del Ministerio “crecieron por debajo de la inflación”, lo que resulta en una pérdida del 47% en los últimos dos años. A pesar de esta falta de recursos, destacó que se han implementado políticas de modernización, incluyendo la digitalización de expedientes y un sistema único de gestión para causas penales y no penales, así como herramientas que fortalecen la transparencia y un programa para regular el uso de inteligencia artificial dentro del Ministerio Público Fiscal.
En su presentación, subrayó que por primera vez “se establecieron directrices comunes para todo el Ministerio Público Fiscal en materia de persecución de la criminalidad organizada”. Casanovas, por su parte, habló sobre el nuevo sistema acusatorio y la necesidad de realizar “una profunda reorganización del organismo para garantizar un servicio de justicia más ágil, transparente y eficiente”. Mencionó que el Código Procesal Penal Federal ya se aplica en 13 distritos judiciales, que incluyen 18 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
