La drástica reducción de los ingresos jubilatorios en los primeros meses del gobierno de Javier Milei ha causado un daño significativo en las economías de los sectores más vulnerables. Para quienes perciben el haber mínimo, la pérdida acumulada equivale a casi seis jubilaciones completas. Este desmantelamiento del sistema previsional no se presenta como un daño colateral, sino como el núcleo de un ajuste que ha obligado a más de 27.000 personas mayores de 65 años a regresar al mercado laboral, principalmente en condiciones informales, mientras que el endeudamiento se convierte en una vía de escape ante ingresos que no logran cubrir las necesidades básicas. La afectación en los ingresos también se extiende al sector activo. Los salarios enfrentan las consecuencias de paritarias altamente condicionadas, que en general se encuentran por detrás de una inflación persistente. En este contexto, el sistema de actualización previsional no logra recuperar lo perdido y un bono de 70.000 pesos permanece congelado desde el comienzo de la gestión. Tanto el haber mínimo como el medio experimentaron una caída de más del 40 por ciento en términos reales durante los primeros meses del gobierno de Milei. La fuerte licuación de las jubilaciones, producida por el salto inflacionario posterior a la devaluación de diciembre de 2023, las llevó a niveles históricamente bajos, mientras que la posterior recuperación fue insuficiente para restaurar el poder adquisitivo. De acuerdo a lo indicado por la Undav, la capacidad de compra de los jubilados sigue siendo inferior al promedio observado entre enero y noviembre de 2023. En el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026, aquellos que recibieron el haber mínimo enfrentaron una pérdida acumulada de 2.721.627 pesos, lo que equivale a 5,75 jubilaciones mínimas o casi cinco meses de ingresos. Esta pérdida no se recuperará, incluso si las jubilaciones logran superar los valores anteriores. La fórmula de actualización trimestral implementada por el Gobierno aún no ha revertido esta tendencia, en un marco de alta volatilidad inflacionaria. Además, el bono de 70.000 pesos para quienes perciben la jubilación mínima está congelado desde el inicio de la gestión: si se considerara su pérdida de poder adquisitivo, el deterioro real de los haberes sería aún más marcados. Ante este escenario, el deterioro de los ingresos de las personas mayores y las dificultades que enfrentan jóvenes y adultos en el mercado laboral—muchos de los cuales sostienen económicamente a sus padres—han llevado a un número creciente de jubilados a reinsertarse laboralmente para complementar sus ingresos. Según cifras de la Undav, más de 27.000 personas mayores de 65 años han vuelto a trabajar, lo que evidencia la precariedad de quienes dependen de los ingresos previsionales y ven sus derechos a una vejez digna vulnerados. La mayoría de las personas mayores que desempeñan trabajos lo hacen en condiciones informales, con una tasa estimada del 61,6 por ciento en mujeres de más de 65 años y del 55,6 por ciento en varones, superando el 43 por ciento del total del mercado laboral. En este contexto de erosión del poder adquisitivo, también surge otra práctica para compensar la disminución de ingresos: el endeudamiento. Aunque puede ofrecer una solución temporal, esta estrategia se torna problemática cuando las condiciones de financiamiento son desfavorables y los ingresos son insuficientes para cubrir capital e intereses. Con la suspensión de los préstamos de la ANSES, los jubilados se han visto más expuestos y han debido recurrir a prestamistas no bancarios en mayor medida. Según el informe, a febrero de 2026, unas 1.345.954 personas mayores de 65 años tenían deudas con estos prestamistas, quienes ofrecen financiamiento con condiciones menos exigentes de solvencia, pero a tasas de interés mucho más elevadas, lo que añade dificultades para cumplir con las obligaciones adquiridas. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, se registraron aproximadamente 203.000 nuevos deudores jubilados, lo que representa un incremento del 17,7 por ciento en la cartera.
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