La metamorfosis del crédito Además del volumen de endeudados, el texto detalla el destino prioritario de los préstamos. Lejos del financiamiento, la liquidez se dirige mayoritariamente a la diaria: Alimentos: El 26% de los encuestados destinó su crédito principalmente a la compra de comida. Gastos cotidianos del hogar: Representan el 21% del destino principal. Servicios e impuestos: Absorben el 15% de las menciones. Refinanciación de deudas: Un 14% recurrió a nuevo crédito para cancelar compromisos previos. En total, la canasta básica familiar (alimentos, servicios y gastos corrientes) abarca el 62% de los destinos principales del crédito, número que trepa al 76% cuando se incluye la cancelación de deudas acumuladas. Para los sectores vulnerables que carecen de acceso bancario formal, la contención se desplaza hacia redes informales: el 30% de los hogares donde el jefe de hogar trabaja en el servicio doméstico y el 25% en hotelería y gastronomía debieron pedir dinero prestado a familiares o amigos para subsistir. La paradoja de la inflación a la baja El informe sostiene que la desaceleración de la inflación, si bien logra cierta previsibilidad en los precios, alteró la dinámica tradicional de repago. Es que en contextos de alta inflación, el ritmo de incremento nominal de los salarios “licuaba” las cuotas fijas mes a mes. Actualmente, con un índice de precios que se desaceleró al 1,7% mensual en agosto, las cuotas fijas conservan su peso nominal en el tiempo mientras que el margen del ingreso disponible se ve comprimido por el reajuste de tarifas y costos fijos. A este escenario se suma el reacomodamiento de los precios relativos. Mientras la inflación interanual se ubicó en torno al 33,5% en agosto de 2026, los servicios regulados e impuestos crecieron un 41,8%, y el rubro de vivienda y servicios públicos subió un 49,1% interanual. Este desacople achicó el “dinero libre” del presupuesto familiar para hacer frente a eventuales imprevistos o cumplir con compromisos financieros asumidos. Morosidad récord en julio El “achique” presupuestario se refleja en el sistema financiero. De acuerdo con los registros del BCRA a julio de 2026, la irregularidad en las financiaciones a las familias alcanzó un pico del 12,9% del total de la cartera. Así, se multiplicó por más de cinco respecto del 2,5% registrado a fines de 2024. Se trata del punto más alto de la serie estadística iniciada en 2010. De todos modos, el pico estadístico no afecta a todos los productos crediticios por igual: Préstamos personales: Encabezan la morosidad con un 16,7% de irregularidad. Tarjetas de crédito: Registran un 12,8% de atraso. Créditos prendarios: Muestran un 8,1%. Hipotecarios: Mantienen una morosidad marginal del 1,6%, protegidos por requisitos de acceso más rigurosos y garantías reales. Mientras las empresas tienen una morosidad del 3,6%, el estrés financiero se concentra en las familias, ya que unas 5,9 millones de personas figuran con deudas en mora en el sistema. La brecha del sistema no financiero Sin embargo, la situación resulta aún más delicada por fuera de la banca tradicional: en los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) – que abarcan fintechs, comercios minoristas, cooperativas y emisoras no bancarias – la tasa de mora escala al 31,3%, llegando al 34,1% en préstamos personales. Asimismo, el informe de Pensar destaca una asimetría estructural en los montos adeudados: la mitad de los deudores morosos tiene compromisos pequeños (menos de $1,1 millón), representando apenas el 5% del dinero en mora total. En contraposición, un 10% de los deudores concentra el 58% del saldo en irregularidad, con deudas que superan los cinco salarios mínimos (alrededor de $18 millones promedio). Cuentas impagas El estudio también reveló que el 54% de los encuestados dijo haberse atrasado o dejado de pagar alguna obligación por motivos económicos en los últimos meses. En cuanto a qué servicios o compromisos se dejaron de pagar, la escala de prioridades es: Servicios básicos (luz, gas, agua, internet, teléfono): 46% de menciones. Resumen de la tarjeta de crédito: 36%. Préstamos o deudas personales: 33%. Impuestos: 21%. Fiado o compras en comercios de cercanía: 18%. Alquileres: 12%. Cuotas escolares: 12%.
En este contexto, los atrasos declarados escalan al 72% en los sectores de menores ingresos, frente al 43% en los sectores medios y al 30% en los estratos altos. En cuanto a las expectativas a futuro, el 36% de los deudores confía en que podrá saldar sus compromisos, mientras que un 37% afirma rotundamente que no podrá hacerlo y un 26% desconoce su destino financiero. Es decir, uno de cada tres argentinos con deudas avizora un horizonte libre de mora. El debate político Para Mora Jozami, directora de Casa Tres y responsable del trabajo de campo, “la mora puede ser uno de los lugares donde la macro se encuentre —o choque— con el metro cuadrado”. “La baja de la inflación, aunque valorada, no alcanza por sí sola cuando los ingresos resultan insuficientes, el consumo se restringe y parte de los hogares recurre al crédito para sostener gastos corrientes”, agregó Jozami. En esa línea, la consultora advirtió que “lo que empieza como un problema financiero individual puede terminar incidiendo en la percepción sobre la economía, el futuro y la gestión de gobierno”. En ese sentido, cerró de cara a las próximas elecciones: “Los colectivos políticos no siempre nacen de una identidad previa. A veces se construyen alrededor de una experiencia común que alguien logra interpretar y convertir en agenda”. La problemática ya irrumpió en el Congreso Nacional, donde las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor emitieron tres dictámenes contrapuestos: Dictamen de Mayoría (LLA, UCR, Pro): Centrado en la transparencia, el desglose obligatorio del Costo Financiero Total (CFT), el consentimiento informado y la portabilidad crediticia, sin incluir topes de tasa ni quitas obligatorias. Dictámenes de Minoría (UxP, PU, CC y Argentina Federal): Proponen declarar la emergencia financiera, esquemas de refinanciación obligatoria para acreedores, topes a las tasas y regímenes de insolvencia y alivio personal. A nivel local, la Ley 6.959 de Desendeudamiento Familiar en la Ciudad de Buenos Aires —impulsada junto al Banco Ciudad— busca ofrecer refinanciaciones voluntarias con tasas bonificadas y plazos de al menos 24 meses. El relevamiento de la Fundación Pensar concluye que la sola estabilización de precios resulta insuficiente si no se traduce en mayor capacidad de repago a través de la mejora real de los salarios y el empleo. El trabajo de campo de “Argentina a Crédito” fue realizado en agosto pasado sobre una muestra representativa de la población adulta a nivel federal, con desgloses por zona geográfica (AMBA e Interior), género, rangos etarios, nivel socioeconómico y comportamiento de voto en las elecciones de 2023.
