“Si recaudamos más y mantenemos el gasto constante, tenemos un mayor superávit, vamos a crecer al 8%. Y si pudiéramos crecer al 8%, podríamos bajar dos puntos de producto por año en impuestos. Si en dos años lo pudiéramos hacer, se irían el impuesto al cheque, las retenciones y, probablemente, Ingresos Brutos”, manifestó Caputo recientemente.
A pesar de esto, el Gobierno nacional ha implementado diversas medidas que han permitido reducir la carga tributaria sobre los contribuyentes. Un análisis reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) revela que la recaudación tributaria del Sector Público Nacional (SPN) ha disminuido desde la asunción de la actual administración.
En 1993, la presión tributaria total (que incluye Nación, provincias y municipios) se situaba cerca del 23% del PBI, un nivel que se mantuvo relativamente constante hasta 2001. Sin embargo, a partir de 2002 —cuando se registró un mínimo del 20% del PBI— comenzó una tendencia ascendente que alcanzó su máximo en 2015, con un 32,6% del PBI. En un período de trece años, la presión tributaria efectiva creció 12,6 puntos porcentuales del PBI; sin embargo, posteriormente disminuyó tres puntos, ubicándose en 29,2% en 2019, y manteniéndose estable hasta 2024 en torno al 29% del PBI.
En 2025, la presión tributaria experimentó un descenso significativo de 1,4 puntos porcentuales, situándose en 27,6% del PBI. El Gobierno determinó no prorrogar el impuesto PAIS al final de 2024, un tributo que afectaba la adquisición de bienes y servicios en el exterior y la compra de dólares. Esta decisión tuvo un impacto considerable en la recaudación fiscal de 2025, representando aproximadamente el 1% del PBI.
Para 2026, el IARAF anticipa otra reducción en la presión tributaria efectiva, proyectando un nivel del 26,7% del PBI, lo que significaría una disminución de 0,9 puntos porcentuales en comparación con 2025. Se espera que esta cifra esté en niveles similares a los de 2007.
Dicha reducción se atribuiría principalmente a una menor carga tributaria nacional, destacándose la disminución en los Derechos de Exportación (DEX). A pesar de que se comunicó una nueva baja de retenciones al sector agrícola, economistas de una consultora señalaron que esta medida se centró únicamente en dos cultivos (trigo y cebada), con un bajo costo fiscal inmediato y pospuso ajustes relacionados con la soja hasta 2027, donde iniciaría una reducción gradual.
Adicionalmente, la anulación de impuestos internos vinculados a automóviles, productos de lujo, seguros, servicios de telefonía móvil y embarcaciones también contribuirá a la reducción de la presión fiscal en 2026. Según la misma consultora, la eliminación de estos tributos supondrá una reducción adicional de 0,01% del PBI.
Asimismo, se restituirá el IVA aduanero a través de la recalibración de los certificados de exclusión de percepción del impuesto.
Por último, aunque el Ejecutivo ha pospuesto para noviembre el lanzamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), este mecanismo también influirá en la baja de la presión fiscal, absorbiendo recursos que previamente se destinaban a otros fines, y que inicialmente iba a generar un costo fiscal de 0,18% del PBI.
En términos generales, la presión tributaria a nivel nacional era del 23% del PBI en 2024, pero en 2025 se redujo a 21,5%. Según las proyecciones del IARAF, podría disminuir otros 0,9 puntos en 2026, alcanzando un 20,6% del PBI.
Entre 2024 y 2025, la carga fiscal en las provincias se mantuvo relativamente estable en torno al 4,9% y 5% del PBI, respectivamente. Lo mismo ocurrió con los municipios, que preservaron una presión fiscal del 1,1% del PBI, cifras que se estima no variarán para 2026.
