Los convocados también incluyen a los diputados nacionales Jorge Taiana y Eduardo Valdés, al empresario Florencio Aldrey Iglesias y a familiares, al empresario Seza Manukian, al ex intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, junto a su esposa Filomena Marta Burgos, al dirigente kirchnerista Jorge “Topo” Devoto, al periodista Gabriel Michi, al fotógrafo presidencial Esteban Collazo, a Patricia Alsua, esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini, y a Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido exsecretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.
En su presentación, Taiano argumentó que los involucrados no fueron meros beneficiarios de una decisión ajena, sino que desempeñaron un papel activo al aceptar dosis que sabían que no les correspondían según el esquema oficial de vacunación. Por esta razón, les atribuyó inicialmente el rol de partícipes necesarios en el delito de peculado, que conlleva penas de entre dos y diez años de prisión.
El fiscal sostuvo que la investigación alcanzó el umbral de sospecha necesario según el Código Procesal Penal, y destacó que los involucrados “contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos” al recibir las vacunas, a pesar de conocer que no pertenecían a los grupos autorizados. Además, enfatizó que las reglas de priorización eran de público conocimiento debido a las campañas oficiales impulsadas durante la emergencia sanitaria.
La pesquisa ha reconstruido tres episodios fundamentales. El primero tuvo lugar el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis originalmente destinadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud para ser administradas en un vacunatorio improvisado junto al despacho del entonces ministro Ginés González García. Allí, fueron inmunizados, entre otros, Verbitsky, Manukian, Aldrey Iglesias, junto a tres familiares, así como Taiana y Valdés.
Según el expediente, nueve de estas personas fueron registradas en el sistema NOMIVAC como “Personal Estratégico”, una categoría que no les correspondía, mientras que Félix Eulogio Guille fue anotado como mayor de 60 años.
El segundo episodio ocurrió el 1 de febrero de 2021, cuando un frasco con cinco dosis fue enviado al domicilio de Eduardo Duhalde, en Lomas de Zamora. Allí, el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, vacunó al exmandatario, a “Chiche” Duhalde, a sus hijas María Eva y Juliana, y a su secretario privado, Carlos Alberto Mao. Según el dictamen, la vacunación en el hogar estaba reservada únicamente para personas imposibilitadas de trasladarse, y no existe evidencia que indique que el ex presidente cumpliera con esta condición. Además, el fiscal rechazó que el régimen especial de los ex mandatarios conllevara algún privilegio sanitario.
El tercer episodio abarca la administración supuestamente irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021. Durante ese período, 23 personas fueron vacunadas por razones personales, familiares o de afinidad política, incluyendo a Michi, Collazo, Alsua, Lorenzo Pepe, Marcelo Jorge Duhalde, Curto y Devoto.
La investigación sostiene que la mayoría de estas personas fue registrada como “personal de salud”, a pesar de que los trabajadores del propio hospital aún no habían completado su esquema de inmunización.
El expediente se inició el 22 de febrero de 2021, tras la revelación de Horacio Verbitsky en una entrevista radial sobre su acceso a una vacuna al comunicarse con González García. Este hecho provocó la renuncia del entonces ministro de Salud, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti.
En julio de 2021, Capuchetti había archivado parcialmente la situación de quienes recibieron las vacunas, argumentando que no había delito. Sin embargo, el avance de la investigación cambió esta perspectiva. En julio de 2024, la magistrada procesó a González García por abuso de autoridad y peculado, decisión que fue confirmada tres meses después por la Sala I de la Cámara Federal.
En ese fallo, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens también ordenaron profundizar la investigación sobre los beneficiarios de las vacunas para determinar si debían enfrentar cargos penales por haber obtenido un beneficio ilegítimo. La reciente solicitud de indagatorias por parte de Taiano representa un nuevo avance en esa dirección que deberá ser evaluado por la jueza Capuchetti.
