Anteriormente, la Ley 24.714 indicaba que el 80% de la asignación se abonaba mensualmente, mientras que el 20% restante estaba condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.
En el caso de los menores de hasta cuatro años, era necesario validar los controles de salud y el esquema de vacunación obligatorio. Para los niños en edad escolar, también se requería la comprobación de asistencia al ciclo lectivo correspondiente.
La nueva normativa amplía un mecanismo que ya había sido iniciado con la Resolución 1170/2025, que se limitaba a los controles sanitarios y vacunación de los menores hasta cuatro años.
Con esta disposición, el sistema abarcará “tanto de salud como de educación, a todos los beneficiarios” de la AUH.
La resolución indica que “el cumplimiento de ambas condicionalidades se acreditará en forma automática” mediante un intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y la ANSES.
Así, cuando las instituciones públicas dispongan de los datos requeridos, los beneficiarios no necesitarán volver a presentar la documentación para validar el cumplimiento de los requisitos.
Además, en los casos donde se validen automáticamente los controles sanitarios y de vacunación de los menores de hasta cuatro años, la normativa establece que “el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el ochenta por ciento (80%) del monto de la prestación”.
Sin embargo, el nuevo esquema no elimina por completo la presentación de documentos. Si la información necesaria no se encuentra en las bases de datos estatales, el beneficiario podrá corroborar el cumplimiento de los requisitos directamente ante la ANSES.
Según la resolución, en esos casos “el titular podrá presentar la documentación correspondiente” mediante los procedimientos que establezca el organismo previsional.
El Gobierno fundamentó los cambios en criterios de “eficiencia administrativa” y “simplificación de trámites” y afirmó que la automatización ayudará a disminuir las gestiones presenciales cuando los datos estén disponibles en registros públicos.
Asimismo, se sostuvo que la modificación “contribuye al fortalecimiento del sistema de protección social” y busca reforzar la conexión entre políticas sanitarias, educativas y de ingresos.
Finalmente, la resolución encomienda a la ANSES la adopción de las medidas y normas necesarias para implementar el nuevo sistema de intercambio de información y validación automática.
