El resultado de la votación fue de 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, tanto en la votación general como en la particular.
El proyecto contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y parte de Provincias Unidas. En cambio, Unión por la Patria y los representantes de la izquierda expresaron su oposición a la medida.
Entre las normativas que se proponen derogar se destacan algunas que han suscitado debate por su naturaleza inusual. Una de las más comentadas es la ley 20.802, que exigía un carnet de pasajero para mochileros que hicieran dedo por motivos turísticos. El Gobierno argumenta que esta ley permitía detenciones policiales sin causa y que vulneraba la libertad de circulación.
Además, se encuentra en la lista la derogación de la ley 27.171, que obligaba a registrar palomas mensajeras de carrera a través de controles por parte de la Federación Colombófila Argentina. Desde el oficialismo se sostiene que esta regulación constituía “una intervención estatal innecesaria” en actividades privadas.
Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120, que requería notificaciones y autorizaciones policiales para reuniones públicas en espacios cerrados, argumentando una violación a libertades fundamentales.
El listado también incluye leyes que permitían transmisiones televisivas a color, regulaban microfilmación y creaban fondos y premios estatales. Por ejemplo, la ley 21.895, sancionada en 1978, que autorizaba formalmente la televisión color en el país, fue considerada por el Gobierno como “regresiva” al ser innecesaria en un contexto donde la tecnología está ampliamente establecida.
El Gobierno reiteró que esta iniciativa, que denomina “Ley Hojarasca”, busca la depuración normativa y añade: “Cuantas menos leyes, más justicia. Como pide nuestro presidente, Argentina será el país más libre del mundo.”
A pesar de la aprobación del proyecto, el Gobierno se vio obligado a retirar algunas derogaciones ante la resistencia de diversos bloques. Un caso significativo fue la decisión de mantener la ley 20.959, que otorga credenciales para libre circulación y estacionamiento a los legisladores nacionales. Aunque inicialmente se planteó su eliminación por considerarse contradictoria con el principio de igualdad ante la ley, finalmente se mantuvo tras presiones de parlamentarios.
Desde la oposición, se han expresado preocupaciones sobre la eliminación de leyes que podrían tener importancia para la regulación de diversas actividades.
