La discusión cobra relevancia cuando se observa el panorama a mediano y largo plazo. Surgen interrogantes sobre la duración del efecto de las políticas implementadas y las posibles repercusiones de un futuro sin Milei. En este contexto, una cuestión crucial se presenta: ¿serán las consecuencias de las políticas desregulatorias y reformistas del Gobierno más beneficiosas que perjudiciales, o el resultado será el opuesto?
Planteando el dilema de otra manera: ¿existe el riesgo de que el enfoque libertario termine creando un entorno que obstaculice el crecimiento y la prosperidad a largo plazo? ¿Podría la economía caer nuevamente en un patrón de privilegios difíciles de desmontar, dejando a la Argentina atrapada en un ciclo de inestabilidad jurídica? Estas preguntas permanecen sin respuesta hoy, y ni siquiera un potencial triunfo electoral de Milei en 2027 puede considerarse como prueba suficiente de que sus políticas a largo plazo serán efectivas para estimular el crecimiento. Para evaluar el éxito o fracaso de su enfoque, será necesario esperar el paso del tiempo, cuando quizás ya sea demasiado tarde.
Este debate a largo plazo se entrelaza con varias decisiones tomadas por Milei y su gabinete, y su intensidad va en aumento. Un claro ejemplo de esto es la discusión sobre el RIGI y el Súper RIGI, los incentivos y los plazos propuestos para atraer inversiones en sectores seleccionados de la economía. Las voces críticas se centran en dos puntos. En primer lugar, ¿hay un capitalismo de amigos en la administración Milei que beneficie a ciertos actores privilegiados? ¿Se puede considerar al capitalismo mileísta como una nueva versión de un capitalismo exclusivo? La coincidencia entre la propuesta del Súper RIGI y la visita de Peter Thiel a Argentina levanta sospechas. En segundo lugar, existe una advertencia sobre un capitalismo que favorece a sectores específicos, como los de minería, petróleo y gas, así como el ámbito de la inteligencia artificial y la infraestructura digital. Esto implica una elección discrecional de sectores productivos favorecidos.
Las voces más racionales abogan por una política productiva que fomente sectores estratégicos, pero muestran preocupación por la posibilidad de excesivas exenciones: un periodo de tres décadas para disfrutar de beneficios impositivos, cambiarios y de exportación. Ofrecer demasiado por un período prolongado, sin condiciones claras y con escasa certeza respecto al retorno en un cronograma a largo plazo podría ser riesgoso.
Desde el oficialismo, la perspectiva es diametralmente opuesta. Los economistas del Gobierno vislumbran un futuro prometedor que se expandirá a otros sectores gracias al lanzamiento de estas políticas. Sin embargo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, mantiene un tuit fijado en su cuenta de X que señala: “Los economistas son realmente, pero realmente, realmente malos para hacer pronósticos. 8…) No hay fuerzas darwinianas que se encarguen de eliminarlos. Yo soy economista”, un comentario irónico que invita a la reflexión.
Otro aspecto de la política libertaria que suscita preguntas sobre sus efectos futuros se refiere a las universidades públicas y al sistema científico argentino. La falta de claridad y la simplificación excesiva de la visión oficial llegan a niveles alarmantes. Desde el ministerio de Capital Humano se enfatiza que las ingenierías son consideradas carreras estratégicas por su conexión directa con el ámbito empresarial, mientras que las carreras de ciencia básica en la Facultad de Ciencias Exactas son desestimadas como irrelevantes. Por ejemplo, la física se reduce a ser etiquetada como “poesía”, según una fuente gubernamental, visto como un lujo intelectual prescindible. El subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, muestra confusión respecto al término correcto al referirse a la carrera de ciencias de la computación, enfatizando una falta de comprensión sobre la disciplina y su importancia en la economía del conocimiento, justo en un momento en el que el Gobierno promueve un enfoque productivo centrado en la inteligencia artificial.
Una paradoja se presenta en el enfoque libertario. Mientras la administración de Milei critica la centralización de la economía en manos de burócratas ineficaces, el secretario de Coordinación Productiva de la Nación, Pablo Lavigne, manifestó el año pasado que “la mejor política productiva es la no-política productiva” porque el Estado carece de las capacidades para ejecutar una política productiva efectiva.
Esta postura de Milei derivada de las lecturas de Friedrich Hayek sostiene que la “fatal arrogancia” se produce cuando un Gobierno o grupo de burócratas “socialistas” asumen la responsabilidad de diseñar la política económica centralmente. Sin embargo, el Estado de Milei, bajo la dirección de varios ministerios, podría caer en el mismo error, implementando reformas y desregulaciones sin contar con la información necesaria, replicando la misma centralización que critica.
La magnitud y rapidez de las reformas y regulaciones desde el Gobierno generan dudas sobre la precisión y calidad del análisis de los efectos secundarios de cada decisión. Recientemente, se festejó la implementación de un nuevo formato de recibos de sueldo que los empleadores deberán presentar a sus empleados, resultado de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral. Aunque se busca dotar de mayor transparencia, desde el sector de las pymes ya comenzaron a señalar los costos y obstáculos que este nuevo sistema podría comportar para el pequeño empresariado, fundamental para el empleo.
