Esta instancia de toma de decisiones, que se encuentra un escalón por encima del Gabinete, tiene como figura central a Karina Milei, aunque también suele participar Santiago Caputo, cuyo ámbito de acción es algo distinto. La mesa no es un entorno homogéneo ni exclusivamente político, ya que incluye a figuras como Diego Santilli, los Menem -Martín y Eduardo “Lule”- y Patricia Bullrich, además de Luis Caputo. Esta vez, se sumaría a Federico Sturzenegger, cuya relevancia en el frente interno ha sido marcada.
No es extraño que la “mesa política” busque abordar tensiones internas, pero este episodio tiene características particulares. Durante los últimos tres meses, ha habido imágenes reiteradas que mostraban el apoyo a Manuel Adorni, cuyo caso ha vuelto a estar en el ojo del huracán judicial, con una solicitud reciente de explicaciones sobre sus notables variaciones patrimoniales. También se ha intentado proyectar una imagen de distensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich, así como entre la secretaria General y el principal asesor presidencial.
Las diferencias son notables. Sturzenegger no estaba integrado en esta dinámica anteriormente, y, además, el descontento hacia el ministro fue evidente en todos los sectores del oficialismo. Entre las razones conocidas se encuentran el decreto sobre el practicaje, que interrumpió por cuatro días la actividad en los puertos hasta que el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás, y el desgaste ocasionado por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Este último fue modificado en varias ocasiones y finalmente logró su avance, aunque con un alto costo para la agrupación gubernamental.
Debido a un fin de semana cargado de críticas hacia el ministro de Desregulación, cuya situación fue oscurecida por rumores, la anuncio del encuentro del martes ha cobrado relevancia. Se espera que en esta reunión Sturzenegger exponga lo que considera como prioridades en materia de reformas. Sin embargo, su presencia sugiere que las decisiones sobre el impulso legislativo serán definidas en este contexto, el cual se encarga de “filtrar” – según la terminología utilizada – las propuestas para decidir si se ubican en los primeros lugares de la agenda.
En este marco, el gesto de Milei en apoyo a Sturzenegger, mediante una comunicación en la red social X sobre la desregulación aerocomercial, no pasó desapercibido. Aunque sin adjetivaciones, este respaldo es significativo en medio de las presiones sobre el funcionario, que indicaban un posible inicio de declive en su gestión. Es evidente que queda afectado, pero Tal vez Olivos determinó que no podía renunciar a la promesa de una serie de reformas.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada fue reducido sustancialmente, lo que llevó a eliminar capítulos sobre barrios populares, ley de tierras y manejo del fuego. Este ha sido enviado a Diputados, donde las prioridades parecen ser otras y hay abundantes reservas sobre dicha iniciativa. El foco del Gobierno ahora parece desplazarse hacia la Cámara baja, aunque el Senado también tiene pendientes temas propuestos por el Ejecutivo.
A corto plazo, el oficialismo aspira a avanzar con la reforma de la carta orgánica del Banco Central y una nueva versión de Inocencia Fiscal. En ambos casos, se requiere negociar para asegurar avances en el recinto de la Cámara baja antes de fin de mes. Por su parte, el Senado espera poder dar impulso a la nueva iniciativa de RIGI, mientras sigue evaluando qué puede ofrecer para alcanzar un acuerdo sobre la reforma electoral.
Ante la diversidad de estos temas -tanto políticos como económicos-, resalta las crecientes reservas libertarias hacia el accionar de sectores considerados aliados, cuando no socios. Ya se detectaban dificultades con algunas iniciativas, como la eliminación de las PASO, en los diálogos y encuestas con gobernadores, que implican cuestiones tanto financieras como electorales en cada jurisdicción. La complejidad del proyecto de propiedad privada ha intensificado la sensación de que pocas cosas están garantizadas en el marco de estas negociaciones.
Varias provincias “amigas” han mostrado desacuerdo con los puntos más controversiales: Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Neuquén, Chubut y Corrientes. Esto ha evidenciado las debilidades en el enfoque del Gobierno para establecer acuerdos, particularmente en un contexto de campaña y ante una situación económica y social preocupante. No se trataría solo del cuestionamiento específico, por parte de dialoguistas, a iniciativas que contemplan reformas a diversas leyes sensibles.
El oficialismo pareciere enfocarse más en conseguir adhesiones que en forjar entendimientos más amplios. La negociación proyecto por proyecto eleva los costos de los acuerdos, al mismo tiempo que cada gobernador -y no solo el Presidente- ajusta su estrategia electoral.
Luego de más de dos años y medio de gestión, el Gobierno puede enarbolar algunos logros legislativos gracias a estas negociaciones, pero sin garantías de continuidad. La fragilidad de los acuerdos puntuales sigue siendo evidente. La votación en el Senado refleja un problema subyacente que no se resuelve con la carga exclusiva a Sturzenegger: es un tema político, ya que el oficialismo busca alineamientos, y no parece acercarse a la formación de un auténtico sistema de alianzas.
