El prejuicio de que el Gobierno alcanzará el éxito gracias a la validez de su enfoque “economicista” entra en conflicto con la realidad. La vida pública y la administración no funcionan como un simple tubo de ensayo. Existen distorsiones significativas generadas por, por ejemplo, luchas por el poder que pueden influir en los resultados y en la percepción pública de las políticas implementadas.
La limitación de este concepto cientificista, en el que confía Milei, va más allá de la simple distorsión. Independientemente de la receta económica, la misma debe ser validada y acepta por la ciudadanía. La democracia se basa en que los conocimientos técnicos deben ser reconocidos y respaldados por grandes sectores de la población. Así, el nexo entre la ciencia y el consenso popular reside en el ámbito político.
El gobierno de Milei se enfrenta en estos días a este dilema crucial. Al analizar las declaraciones realizadas por numerosos funcionarios, en particular aquellos vinculados al área económica, se puede constatar que muestran una sólida convicción en el dogma teórico que promueven. No obstante, al contrastar esto con el sentir de la ciudadanía, el único instrumento para obtener algún indicio de las tendencias es, lamentablemente, la encuesta, que revela un 66% de descontento general hacia la política económica.
Un estudio elaborado por Mora Jozami en Casa Tres se centró en investigar cuál es, a juicio de los consultados, el principal problema que atraviesa el país. En diciembre de 2023, al momento de la llegada de Milei a la Casa Rosada, la preocupación central giraba en torno a la creciente inflación. No obstante, esta situación ha cambiado. En la actualidad, solo un 19% de la muestra consultada apunta a que la situación económica en general es el obstáculo principal. A continuación se encuentra la corrupción (16%), un tema que ha empezado a ocupar un lugar más visible en la opinión pública y que afecta tanto al oficialismo como a la oposición. Finalmente, los bajos salarios (13%) y el desempleo (12%) representan el tercer y cuarto lugar, respectivamente, en la lista de preocupaciones. Estas cifras evidencian que el Gobierno está costando un precio político al cambiar el foco de atención hacia la inflación, enfrentándose ahora a la necesidad de adaptar su estrategia y sensibilidad a esta nueva agenda.
Determinar con exactitud y precisión lo que motiva el sufragio de la sociedad es una tarea compleja. Este es el gran dilema que enfrentan los políticos, a tal punto que algunos han llegado a consultar con brujos para vislumbrar por qué el ánimo del electorado cambia. Sin embargo, lo que suele incidir de manera decisiva en la orientación del voto es el comportamiento del poder adquisitivo del salario. De acuerdo con el mismo estudio de Casa Tres, entre aquellos encuestados que han tenido que recortar gastos, un 79% se manifiesta en contra del Gobierno. Por otro lado, solo un 25% de aquellos que no han realizado ajustes muestra simpatía hacia Milei.
La disminución del poder adquisitivo está determinada por las limitaciones impuestas a los aumentos salariales, un factor que ha estado presente de manera constante en los programas de estabilización. La cartera de Economía busca que las mejoras salariales queden por detrás de la inflación. En el caso de la administración de Milei, la reducción en la capacidad de compra de la población también se vincula con los incrementos en los precios de los servicios públicos, como la luz y el gas. Estos aumentos son un resultado de una política implementada por el Gobierno, que se ocupa de dos aspectos: la remuneración de los servicios públicos y la situación fiscal del país. Durante mucho tiempo, el costo de estos servicios había sido subsidiado por el Estado, produciendo una distorsión significativa en las cuentas públicas que esta nueva administración ha intentado corregir, a medida que la preocupación por el desbarajuste fiscal heredado se ha intensificado. Esto ha llevado a una liberalización de las tarifas, que en ocasiones anteriores, en 2016, había sido enfrentada por Mauricio Macri, quien halló resistencia judicial y una serie de medidas cautelares que culminaron en la Corte Suprema, que determinó que el aumento de tarifas debía estar vinculado a la evolución de los salarios. Diez años después, dicho criterio ha sido desestimado.
En esta coyuntura, la carga de los servicios públicos sobre el ingreso se ha incrementado notablemente. Especialistas en la materia aseguran que entre noviembre y diciembre de 2023, los costos de la luz, el agua y el gas representaban un 6% del promedio del salario registrado. En julio de este mismo año, esa cifra se elevó al 15%. Desde otra perspectiva, las empresas distribuidoras se han beneficiado de esta gestión, dado que aliviaron la carga del gasto público en subsidios y también reconocieron de manera generosa deudas que mantenían con el Estado.
Este jueves dejó una noticia de gran relevancia en este contexto: YPF ha vendido su participación en Metrogas. La licitación fue ganada por un grupo de empresarios, cuyos dueños son José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti y Ricardo Depresbiteris. Esta adquisición se logró a través del endeudamiento de la propia Edenor, lo cual plantea serias interrogantes sobre la relación entre esta empresa y el Gobierno. El principal nexo entre ambos es Santiago Viola, el viceministro de Justicia, quien tiene una vinculación cercana con Karina Milei y es hijo de Claudia Balbín, abogada de Manzano. Por si fuera poco, existe una alta probabilidad de que Filiberti obtenga el control de AySA cuando esta empresa sea privatizada, lo que le otorga una ventaja considerable, dado que es el principal proveedor de cloro para lo que solían ser Obras Sanitarias o Aguas Argentinas. Nos encontramos frente a un cambio trascendente en el país, y especialmente en el conurbano bonaerense. En un futuro cercano, un vecino del Área Metropolitana podría depender de un único y poco eficiente grupo empresarial para la provisión de luz, gas y agua, conformado por Manzano, Filiberti y Vila. Este último es, además, dueño del restaurante Roldán.
Cabe recordar que recientemente fue designada como jueza federal de Hurlingham Ana Juan, quien celebró su nombramiento en Roldán, donde se encontraba el habitual grupo de personajes, incluyendo a Ariel Lijo, el polémico Jaime Stiuso y su secretario privado, Lucas Nejamkis. Ana Juan fue recomendada por Juan Bautista Mahiques y está vinculada personalmente con Marcelo Martínez de Giorgi, quien también formaba parte de la celebración y que está al frente de la causa $LIBRA, que atormenta a Javier Milei y su hermana. Hay una interconexión interesante aquí.
El problema que se presenta es que los vecinos del conurbano se verán obligados a afrontar la realidad de tener un único proveedor para todos los servicios públicos. Esto plantea interrogantes que trascienden a YPF, ya que se trata de una empresa con participación estatal y lógica privada. No queda del todo claro si hay alguien en el Gobierno que esté supervisando esta monopolización en un sector estratégico, ni qué habilidades tendrá el Estado para negociar precios con estos grupos empresariales, que hasta el momento han tenido escasa intención de entablar diálogo.
En las conversaciones acerca de la gestión actual, un tercer problema recurrente se relaciona con el deterioro del salario. Las limitaciones a las paritarias, el aumento de tarifas y la carga de las deudas en los ingresos son factores que no pueden ser ignorados. Los deudores enfrentan restricciones en su capacidad de pago, y este fenómeno se ha intensificado, afectando a millones de personas. “Nadie te puso una pistola en la cabeza para que te endeudaras”, ha afirmado Milei. Sin embargo, esta afirmación es relativa, pues muchos de esos deudores actuaron en función de las señales que el propio Gobierno les transmitió, por ejemplo, a través de la baja de tasas de interés para aliviar las deudas del Banco Central y la posterior elevación de esos mismos intereses para contener la fuga contra el peso.
De este modo, quienes tomaron créditos con la ilusión de que las tasas de interés eran asequibles en relación con la inflación se vieron abrumados por una carga difícil de afrontar una vez que las tasas aumentaron. Esta situación se ha convertido en un fenómeno macroeconómico que, al afectar a una porción considerable de la población, ha desencadenado un desafío político, aunque el Gobierno aspire a evadirlo.
Los inconvenientes que se presentan están limitando el poder adquisitivo y reflejan una reducción significativa en el consumo, lo cual impacta en una variable clave para el Gobierno: el mantenimiento del superávit fiscal, a partir del cual debería reordenarse la economía. La receta científica que debe aplicarse automáticamente sobre la realidad se comienza a ver afectada por su propia implementación. Se trata de un ajuste fiscal tan profundo que repercute en los salarios, afectando a su vez al consumo y, en consecuencia, a la recaudación fiscal.
La caída de la actividad ha generado un descenso en la recaudación, lo que ha llevado a que ningún recaudador se atreva a informarle a Caputo sobre la gravedad de la situación. Los gradualistas, que argumentaban que no podía ejecutarse un ajuste fiscal severo sin estar acompañado por un crecimiento sólido, no son necesariamente más compasivos que los economistas ortodoxos. Se trata de profesionales que temen llevar a cabo un ajuste de esta magnitud que enfríe tanto la economía que provoque un déficit fiscal por caída de los ingresos del Tesoro. Actualmente, se está presenciando este problema.
Caputo está preocupado y está considerando alguna estrategia que beneficie, en especial, a las pymes. Sin embargo, surge una paradoja: muchos ciudadanos que ven cómo su salario se ha reducido en relación con la inflación se ven obligados a dejar de pagar servicios y, por lo tanto, a acumular deudas. Entre las empresas, algunos empresarios, al enfrentarse a la caída del consumo, optan por suspender el pago de impuestos. Esta actitud resulta comprensible en un Gobierno que ha establecido que el evasor es, en cierto modo, un héroe y que ha elevado el umbral a partir del cual las deudas tienen consecuencias legales.
Por lo tanto, la opción de pasar de la legalidad a la ilegalidad se ha vuelto más atractiva. Existe un cuadro que refleja la relación entre la recaudación del IVA y la riqueza general del país, que está vinculada con la dinámica de la actividad económica. En enero de 2024, esa relación era del 8,2%, mientras que en junio de 2026 caería al 6,8%. Esto significa que, si bien el consumo se encuentra en disminución, la recaudación del IVA lo hace aún más. O, en el caso contrario, aunque el consumo se eleve, la recaudación del IVA crecería en menor proporción. La diferencia entre estos dos valores es indicativa de evasión fiscal. Muchos son los que deben al Estado y aguardan por un blanqueo o un plan de pago que les permita saldar la deuda con ARCA.
A su vez, existe una relación aún más específica que se analiza: la recaudación del IVA en relación con el consumo privado. En enero de 2024, esa relación era de 11,6%, y hoy se encuentra en 9,7%. Esta caída no indica simplemente que el consumo desciende. Puede aumentar el consumo, pero la recaudación del IVA crece menos. Es decir, hay muchos que eligen operar en la informalidad.
Este fenómeno es un rasgo central de la economía argentina actualmente y está íntimamente relacionado con la problemática principal de una disminución de la capacidad de pago de personas y empresas, en particular en el ámbito de las pymes, lo que representa una preocupación significativa para el Ministerio de Economía. Así, muchas de estas empresas prefieren evadir impuestos en lugar de enfrentar la bancarrota. Esta lógica se deriva de las directrices de Milei.
Además, hay otros problemas que brotan de esta secuencia lógica. La contracara de la caída en los ingresos es que no se puede seguir reduciendo el gasto, pues se ha llegado a un límite. Esto desencadena otras complicaciones. Uno de estos inconvenientes fue revelado recientemente, cuando Hugo Alconada Mon publicó una nota que expone que el Gobierno recaudó $1,5 billones destinados a rutas y obras viales, de los cuales apenas se ejecutó una cuarta parte, mientras que más de $1 billón se destinó a plazos fijos y títulos públicos, lo que implica que se han utilizado esos fondos para autofinanciarse.
Se trata de un fondo fiduciario del sistema vial, conocido como SisVial, que debe destinarse a la construcción o reparación de rutas, verbigracia aquellos fondos que cada conductor abona al llenar el tanque de combustible. Por ley, este fondo no puede utilizarse para otros fines. Pero el Gobierno encontró la manera de hacerse de parte de este financiamiento. Este fin de semana, el vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, no negó por completo esta situación, aunque intentó suavizarla en un diario de La Pampa. Esos dineros se utilizan, en gran medida, para mantener el superávit fiscal. El ministro Caputo no tuvo en cuenta que este comportamiento podría tener implicaciones legales y ser objeto de penalización. Desde el punto de vista de la solvencia fiscal, puede tener lógica —mucha gente afirmaba, al inicio de la gestión de Milei, que equilibrar los números era más relevante que la obra pública— pero el Código Penal establece pautas precisas y esta conducta es ilegal.
La diputada Victoria Tolosa Paz ha presentado una denuncia penal contra el ministro de Economía y sus colaboradores en la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación, responsables de la administración de este fondo, acusándolos de malversación de fondos públicos, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de actos de oficio, entre otros cargos. Esta situación abre un debate significativo.
Aparte de la cuestión legal, existe también el interrogante sobre la distribución de esos fondos entre las provincias. Es necesario observar diversas variables, como la cantidad de rutas que posee cada provincia y su coparticipación, para obtener una imagen clara del volumen económico de cada una. Por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires le corresponde un 14,34% de los fondos, mientras que a Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, no le toca nada en absoluto. Jujuy, en cambio, recibe un 14,35%, lo que significa más que Buenos Aires, y Misiones, del caudillo Carlos Rovira, obtiene un 15,85%, mucho más que la provincia más grande. Chubut y La Pampa, curiosamente, no reciben nada, al igual que Salta, que apenas alcanza el 0,94%. Este panorama de distribución es crucial.
Este miércoles se celebrará una reunión de gobernadores del norte en Misiones, a la cual asistirán varios de los gobernadores afectados, incluido el de Tucumán, que recibe un 4,12% a pesar de ser un gran colaborador del Gobierno. El significado primordial de este encuentro es que se mirarán entre sí, generándose un ambiente de suspicacias y desconfianza. Estamos iniciando un ciclo de posible transparencia incómoda para el gobierno nacional en lo que respecta a la repartición de recursos.
También es importante considerar cuándo se efectúan esos pagos a las provincias más beneficiadas. Existe una especie de correlación temporal que sugiere que estos desembolsos suceden, de manera sospechosa, justo antes de que se deban votar leyes significativas para el Ejecutivo. Estamos ante una situación que, en parte, se asemeja a una negociación opaca vinculada a fondos que no deberían ser distribuidos de esta manera.
Un segundo aspecto sobre las razones que motivan a los gobernadores a reunirse en Misiones es la crisis de magnitud que se está viviendo en la provincia. El gobernador Hugo Passalacqua se ha levantado contra su antiguo mentor, Rovira, quien, hace años, era un subordinado de Ramón Puerta. La historia parece repetirse.
Rovira es casi un mileísta, situándose en la órbita libertaria. Además, en la reciente discusión sobre la extranjerización de tierras, varios senadores de Misiones votaron en contra del Gobierno. Es posible que se assista a la formación de un mini bloque disidente en el parlamento en respuesta a la confrontación en Misiones.
Esta serie de problemáticas se vuelve un desafío para Diego Santilli, encargado de forjar mayorías parlamentarias y persuadir a los gobernadores para que brinden su apoyo a Milei. Con un Gobierno que ha enfrentado una significativa caída en la opinión pública y con gobernadores que empiezan a sentirse traicionados, la relación federal que el Presidente espera estabilizar puede resentirse.
En medio de esta adversidad y los sinsabor popular, Milei parece buscar refugio en lo internacional, como lo hacen muchos presidentes en situaciones difíciles a lo largo de la historia. Su reciente visita a la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia, un presidente de ultraderecha, fue un momento de calidez; se recibió como hermanos y se comprometió a inspirarse en el gobierno del colombiano. Este respaldo le podría haber brindado un sentido de aliento y haber reactivado la idea planteada temprano por Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, de formar una liga pro-Trump en América Latina, con Milei a la cabeza.
Esta liga pro-Trump tiene un matiz importante: debería también constituirse como una liga anti-Lula. Por lo tanto, las actividades de Milei se vuelven notables en el contexto político brasileño. Así como participa activamente en este sentido, también actúa en la controversia sobre las elecciones en Brasil, donde el reciente informe de un medio brasileño sostiene que la intervención de Milei en ese proceso electoral ha llevado a que un 34% del electorado se sienta más inclinado a votar por Lula, mientras que solo un 27% considera que su apoyo a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Bolsonaro actualmente en prisión, aumente su posibilidad de triunfo.
Es probable que Milei esté moviendo un sentimiento nacionalista entre los brasileños, similar al que activa Donald Trump en su país. Será interesante observar cómo Lula afrontará estas interferencias desde un punto de vista mediático; el manejo de la comunicación política en estos casos ha sido determinante en el pasado argentino, como se evidenció en la famosa contienda entre Braden y Perón. ¿Se repetirá una polarización de este tipo en Brasil con slogans como “Milei o Lula” o “Trump o Lula”? Estas interrogantes irán tomando forma en los días venideros, a medida que se acerquen las elecciones brasileñas a principios de octubre.
