El vocero agregó que “el desalojo se llevó a cabo sin presentar documentación alguna, y sin considerar los derechos de las personas mayores”. A su juicio, la visita a Buenos Aires resultó fructífera, ya que la comunidad logró que un grupo de personas presentes instara al gobernador a escuchar a la lonko, lo que provocó que este abandonara apresuradamente el evento. El encuentro les permitió dialogar con la senadora Julieta Carroza y el jefe de ministros de Figueroa.
Amancay Quintriqueo enfatizó la necesidad de que alguien tome responsabilidad por la situación: “fuimos humillados como comunidad. Los terratenientes brindaron sus vehículos para que llegáramos aquí; de lo contrario, todo quedaría en la Patagonia”. También hizo un llamado a detener el desalojo del Lof Melo.
El operativo de desalojo fue ordenado el 20 de agosto en el marco de la causa “Broers María Cristina c/ Quintriqueo Pascual Felidoro y otros s/ Inc. Ejecución de Sentencia”, aunque se llevó a cabo un día antes, culminando con la expulsión de las familias, el secuestro de animales y la destrucción de viviendas que la comunidad ha habitado por generaciones. Se prevé que el desalojo también afecte al Lof Melo, en el área conocida como Kiñel Mapu Lafkence.
La situación es alarmante para el Lof Paicil Antriao, que enfrenta una orden de desalojo inminente, lo que ha llevado a un estado de alerta y movilización constante en la región. La familia de Quintriqueo posee registros de presencia en esas tierras desde 1834. Este conflicto se remonta a décadas atrás, cuando una familia de colonos extranjeros comenzó a dividir y restringir el acceso de la comunidad a sus tierras de invernada.
El contexto actual exhibe una creciente vulnerabilidad para los pueblos originarios, particularmente tras la derogación del DNU 1083/24, que levantó la prórroga de la Ley 26.160, la cual había suspendido los desalojos de comunidades indígenas. Al mismo tiempo, se tramita en el Senado una nueva Ley de Tierras que permitiría “desalojos sumarísimos” o exprés.
Loncón denunció la falta de cumplimiento de la Corte Suprema, la justicia federal y provincial con respecto al Convenio 169, que exige una consulta libre e informada, así como con la Constitución Nacional y la ausencia de legislación sobre la propiedad comunitaria de las tierras indígenas. “Por eso afirmamos que la democracia tiene una deuda eterna con nosotros”, resaltó. “Los más de 40 pueblos originarios somos argentinos, al igual que las Malvinas y los desaparecidos”.
En las semanas recientes, se han documentado situaciones semejantes en Jujuy (comunidad de Santa Rosa, Humahuaca) y Misiones (comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado II). La presencia de la lonko en Buenos Aires tiene como objetivo visibilizar estos problemas, ante lo que consideran un bloqueo informativo en los medios locales, y contrastar el discurso de “seguridad jurídica” para inversores con la violencia y el despojo territorial que sufren los pueblos originarios.
