Esta demanda se tramitó ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, e invoca el artículo 1711 del Código Civil y Comercial bajo la figura de “acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva”.
Los demandantes dirigen su acción contra Rockhopper Exploration, con sede en el Reino Unido, y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP), que también tiene registro en el mismo país, así como contra aquellos responsables del diseño, construcción, instalación y operación futura de Sea Lion y sus posibles expansiones.
El proyecto se localiza a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una área que Argentina considera parte de su plataforma continental, en el marco de una disputa de soberanía con el Reino Unido. Navitas admite que Sea Lion se encuentra en las licencias PL032 y PL004b.
Rockhopper ha comunicado que el proyecto sigue en curso, con la primera producción de la Fase 1 programada para el primer semestre de 2028. La reciente acción legal busca suspender este cronograma.
La presentación judicial solicita que las empresas se abstengan de iniciar o continuar las obras relacionadas con Sea Lion y de avanzar en la exploración de hidrocarburos.
En particular, los demandantes solicitan la suspensión de “las obras, instalaciones, perforaciones, movimientos del lecho marino, tendido de cañerías, pruebas, ensayos, actividades preparatorias, financiamiento de obras y cualquier otra intervención vinculada con el emprendimiento.” También se pide que se impida el inicio de la extracción y explotación de hidrocarburos.
Los abogados fundamentan su pedido en la supuesta falta de autorización del Estado argentino para el desarrollo del proyecto y el incumplimiento de la normativa ambiental nacional. Argumentan que las empresas no cumplieron con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas ni con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental estipulado por la legislación argentina.
Además, solicitan que se dicte una medida cautelar de no innovar, que implica que se suspendan las obras sin tener que escuchar a las empresas demandadas, debido a la urgencia que advierten en el riesgo ambiental y soberano.
La acción fue promovida por la AAdeAA y el CECIM La Plata, y la primera es representada por su presidente, Enrique Viale. El CECIM tiene como representantes a su presidente, Rodolfo Carrizo, y su secretario, Luis Aparicio. La presentación cuenta también con el apoyo legal de los abogados Fabián Andrés Maggi, Romina Gabriela Araguás, Lucas Micheloud, Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso.
Los demandantes plantean que el caso integra dos dimensiones inseparables: la protección ambiental y la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Este enfoque es definido como una “tutela ambiental soberana” en la presentación judicial.
Sostienen que la explotación petrolera no solo traerá riesgos ambientales para el Mar Argentino, sino que además significará una modificación unilateral de la situación en medio de la disputa de soberanía en curso.
El proyecto Sea Lion es considerado un desarrollo offshore por Navitas, que posee el 65% de participación y actúa como operadora, mientras que Rockhopper tiene un 35%. Navitas informa que inicialmente habrá dos fases; la primera incluye la perforación de 11 pozos submarinos y la segunda contempla otros 12 pozos, conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). La compañía proyecta una producción que se extendería por más de 30 años, con la expectativa de obtener el primer petróleo en marzo de 2028.
En mayo de 2026, Rockhopper comunicó el inicio de las obras en Malvinas, con énfasis en la preparación del muelle y la base costera, así como la fabricación de componentes esenciales para la primera fase, con trabajos de perforación programados para inicios de 2027. También indicó que Navitas había firmado un memorando de entendimiento para añadir una segunda FPSO, que aumentaría la capacidad de producción de Sea Lion en 125.000 barriles diarios, adicionales a los 55.000 barriles previstos para las dos primeras fases.
El argumento principal de la acción legal se relaciona con la falta de una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas. En este sentido, los demandantes afirman que esta evaluación es crucial para que el Estado conozca los riesgos, exige estudios independientes, analice alternativas y garantice la participación ciudadana en la autorización o rechazo del proyecto.
“Las empresas demandadas no han cumplido con la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, ni con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecido por las leyes argentinas de orden público (25.675)”, sostiene la presentación.
Los demandantes consideran relevante que la operación se lleve a cabo en un área cuya soberanía está en controversia, y mantienen que las autorizaciones otorgadas por la administración de las Islas Malvinas no pueden reemplazar los procedimientos previstos por la legislación argentina.
El escrito enfatiza que el Estado argentino no ha podido “evaluar sus consecuencias ambientales, tampoco […] acceder y controlar integralmente la información técnica, exigir estudios independientes, aplicar los principios de prevención y precaución, garantizar la participación ciudadana y en última instancia aprobar o rechazar el proyecto.”
Algunas áreas offshore licitadas por una administración anterior ya fueron devueltas al Estado nacional. La presentación sostiene que el desarrollo petróleo podría impactar negativamente en los ecosistemas marinos y costeros relacionados con la plataforma continental.
Entre los posibles impactos se mencionan las perforaciones, los movimientos del lecho marino, el tránsito de embarcaciones, el ruido submarino, el uso de productos químicos y el riesgo de derrames. La demanda también incluye la infraestructura terrestre asociada al proyecto en las Islas Malvinas, que comprende instalaciones portuarias, almacenamiento de combustibles y químicos, generación de residuos y aumento del tráfico.
Para los solicitantes, esta situación debe ser evaluada como un sistema único que engloba tanto las instalaciones offshore como las obras en tierra, sosteniendo que “el mar y la costa forman un solo sistema extractivo.”
El segundo eje del planteo es la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus mares circundantes. Los demandantes citan la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, que reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos relacionados. También hacen referencia a la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que pide abstenerse de tomar decisiones unilaterales mientras permanezca la disputa de soberanía.
En este contexto, el escrito afirma que el proyecto petrolero se configura como una modificación unilateral. “Cada pozo busca perforar también el derecho”, señala la demanda, que considera que la explotación petrolera implica una superposición de dos bienes colectivos: el medioambiente y la soberanía. “Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía”, subraya el argumento.
Además, la presentación incorpora sanciones previamente impuestas a las empresas por actividades hidrocarburíferas no autorizadas. Según los demandantes, Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 y luego inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años. Por su parte, Navitas también fue declarada clandestina e inhabilitada para esas actividades por la Resolución 240/2022.
El Gobierno argentino ha mencionado estos antecedentes, afirmando en diciembre de 2025 que Rockhopper y Navitas no contaban con autorización para el desarrollo del proyecto Sea Lion. También recordaron que ambas empresas han sido objeto de significativas sanciones legales.
La presentación judicial no solo se centra en las obras físicas, sino que pide la suspensión de contratos, desembolsos, transferencias o garantías relacionados con el desarrollo del proyecto, así como la comunicación de este proceso a organismos financieros y mercados donde operen las compañías.
Los demandantes buscan identificar a bancos, fondos, aseguradoras y otros actores implicados en el financiamiento del proyecto, argumentando que “quienes financian una actividad ilegal no pueden permanecer tras la niebla corporativa.”
Entre las pruebas proporcionadas figuran los estatutos y actas de designación de autoridades de AAdeAA y CECIM, además de solicitudes de acceso a información pública y documentación vinculada a las sanciones a Navitas.
También se incluyen estudios científicos sobre ecosistemas marinos en la plataforma patagónica austral y en el área de las Islas Malvinas. Se solicitó información adicional a la Cancillería argentina y al Juzgado Federal de Río Grande.
En particular, pidieron a la cartera provincial que confirme si Rockhopper y Navitas iniciaron el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que, en caso afirmativo, remita los expedientes relevantes.
Se ofrecieron como testigos a varios investigadores y especialistas relacionados con los ecosistemas marinos, así como a un periodista de Tierra del Fuego.
El escrito judicial confirma que estos testigos serán citados directamente por el juzgado, sin que los demandantes tengan que asumir la responsabilidad de su comparecencia.
La presentación solicitan formalmente el inicio de la acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva, la incorporación de las pruebas ofrecidas y la adopción de las medidas cautelares requeridas. En esencia, buscan que la Justicia detenga las obras y actividades vinculadas a Sea Lion mientras se lleva a cabo el proceso. El planteo también establece la posibilidad de invocar un caso federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, situando el proyecto Sea Lion nuevamente en el debate entre el desarrollo hidrocarburífero offshore, la protección ambiental y la disputa de soberanía.
