Se espera que la sesión comience a las 11 horas, un horario que se ratificará en una reunión de Labor Parlamentaria que se desarrollará en la Cámara alta este miércoles por la tarde. La última convocatoria se llevó a cabo el 27 de agosto, instancia en la que se discutieron otros 67 pliegos judiciales, algo que el Gobierno nacional celebró al considerarlo un hito, al argumentar que fue “la administración que más jueces logró aprobar en un solo año”. Hasta la fecha, en el año 2026, se han realizado 129 nombramientos, a los que se podrían sumar dos nuevos candidatos: Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, propuestos como camaristas en el fuero penal económico.
Además, se formalizará la transferencia de competencias penales a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires, que incluirá delitos relacionados con la libertad, la integridad sexual, los derechos de propiedad intelectual y asuntos vinculados a la seguridad vial. Entre las responsabilidades más significativas que asumirá también se encuentra la competencia exclusiva para juzgar delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como aquellos que involucren a menores de 14 años. Esta reactivación del traspaso se produce tras el levantamiento de una medida cautelar impuesta por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), y es una propuesta que ha encontrado el rechazo entre sectores del peronismo más rígido.
El proyecto que busca modificar la ley N° 27640 de biocombustibles ha conseguido el dictamen favorable en el Senado de la Nación. Esta iniciativa responde a los reclamos de las cámaras del sector azucarero y aceitero, y permitirá al oficialismo avanzar con un proyecto que porta su firma, tras un inesperado freno a la aprobación del Súper RIGI. Las provincias que cuentan con pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel insisten en la necesidad de realizar cambios que les permitan tener mayor participación en el mercado, por lo que se anticipa que el proyecto podría recibir modificaciones en el recinto durante la sesión.
La propuesta busca aumentar el corte de bioetanol del 12% al 15%. De este porcentaje, se reservará un 6% para el bioetanol de caña, otro 6% para el bioetanol de maíz y un 3% restante será determinado mediante la competencia. Se establece, además, que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado, a fin de asegurar condiciones de participación equitativas.
El debate sobre el biodiésel ha sido uno de los más complejos de resolver debido a las tensiones entre grandes productoras y pequeñas y medianas empresas del sector industrial. Se ha acordado una ampliación del corte del 5% al 10% (con un plazo de 12 meses en 7,5%) con dos segmentos diferenciados: uno para compañías integradas que pueden gestionar toda la cadena productiva, y otro para aquellas no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este segundo caso, se estipula que ninguna de estas empresas podrá superar el 10% del mercado y que, hasta el año 2036, habrá un cupo del 3% para las no integradas.
Adicionalmente, para ambos sectores se eliminará el precio máximo de referencia, adoptándose en su lugar el valor exportable. También se delimitarán los motivos por los cuales se podrán ampliar los porcentajes de los cortes y se habilitará a las provincias a aumentar dichos cortes según lo consideren pertinente.
