La reunión se realizó en la sede del sindicato, con la presencia de más de dos tercios de los secretarios generales de las seccionales, quienes respaldaron unánimemente la resolución de la conducción. Esta última fue desplazada por la justicia luego de cuestionar la validez del proceso electoral que reeligió a Abel Furlán como secretario general el 18 de marzo.
En el comunicado, el Consejo Directivo argumentó que la resolución se adoptó “en resguardo de la autonomía sindical, la continuidad institucional y administrativa de la organización y los derechos colectivos de sus afiliados”.
Dentro de las decisiones tomadas, se nombró a Daniel Daporta, dirigente de la seccional Avellaneda y actual secretario general adjunto, como Delegado Administrador. Su tarea principal será garantizar el funcionamiento institucional y gremial hasta que se produzca una normalización definitiva.
Asimismo, Emiliano Gallo fue designado como Delegado Administrador en la seccional Campana, y se formó un equipo de representantes paritarios para prevenir la paralización de las negociaciones salariales.
El gremio también elaboró un listado de dirigentes asignados a estas funciones, con el fin de mantener las discusiones paritarias y proteger los derechos laborales del sector.
Al finalizar el comunicado, la organización anunció que la UOM se hallaba en “estado de alerta, movilización y sesión permanente en todo el territorio nacional” y llevó a cabo asambleas en fábricas y talleres a lo largo del país para informar a los trabajadores sobre lo que calificaron como un “ataque institucional” al sindicato.
El Consejo Directivo enfatizó que la medida judicial representa un “ataque institucional” que pretende preservar la autonomía sindical y los derechos de los afiliados.
El conflicto surgió cuando la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió anular las elecciones nacionales de la UOM, realizadas el 18 de marzo, y destituyó a Furlán, quien había sido reelecto en dichos comicios.
La sentencia también ordenó la intervención judicial del sindicato durante un periodo de 180 días, en el cual se deberá llevar a cabo una nueva elección de autoridades. Además, declaró nulas las elecciones en la seccional Campana, basándose en una causa impulsada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral del 2 al 4 de marzo de 2026.
De acuerdo con el tribunal, las elecciones de Campana y las elecciones nacionales eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera desembocó en la invalidez de la segunda.
Ante esta decisión judicial, Furlán expresó su fuerte desacuerdo, calificando la medida de “una vergüenza, claramente arbitraria, injusta y totalmente malintencionada.”
