Esta iniciativa surge en un contexto de crisis política en el área, dado que la salida de Demián Reidel de Nucleoeléctrica, una figura clave en el plan nuclear iniciado por Javier Milei, ha dejado al descubierto tensiones dentro del sector. Su renuncia, en medio de serias críticas internas y controversias relacionadas con contrataciones, ha generado un ambiente de disputa entre Nucleoeléctrica, la CNEA y la Secretaría de Asuntos Nucleares.
El documento, que ha sido preparado por la Secretaría de Asuntos Nucleares que lidera Federico Ramos Napoli, quien actúa bajo la dirección del asesor presidencial Santiago Caputo, establece cuatro objetivos prioritarios. El primero es promover las exportaciones nucleares de alto valor agregado, seguido por la seguridad energética, la preservación y desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales, y finalmente, el liderazgo regional y el posicionamiento geopolítico.
El texto explica que esta priorización tiene un “sentido fuerte”, lo que significa que, en caso de que dos objetivos generen conflicto, prevalecerá aquel que tenga mayor rango. Así, la generación de divisas pasará a ser el criterio fundamental para la evaluación de proyectos e inversiones en el sector.
La estrategia debe centrarse en aquellos campos donde Argentina posee “capacidades instaladas, conocimiento acumulado y oportunidades de mercado”. De igual manera, el documento realiza una autocrítica al señalar que, a pesar de que el país pertenece al selecto grupo de naciones que dominan todo el ciclo del combustible nuclear, ha fallado en convertir esas capacidades en una industria exportadora a gran escala.
Además, se menciona que el sector tiene oportunidades que aún no se han aprovechado plenamente, planteando como reto cerrar la brecha existente entre el conocimiento acumulado y los resultados económicos reales. En este sentido, los lineamientos critican la continuidad de proyectos sin resultados verificables y advierten sobre el riesgo de mantener programas por inercia. “Lo que el país hizo bien lo sostuvo durante décadas, y lo que hizo mal lo sostuvo también durante décadas”, indica el texto, analizando la trayectoria histórica del sector.
Para alcanzar estos objetivos, se propone una revisión del vínculo entre el Estado y las empresas. Uno de los seis principios que guiarán esta nueva política establece que el sector privado debe operar como “socio del Estado”.
El documento establece que la función del Estado es dirigir estratégicamente al sector, definir prioridades y asegurar el cumplimiento de compromisos internacionales, mientras que las actividades productivas podrán desarrollarse mediante esquemas empresariales que incluyan participación privada.
Según el análisis realizado por la Secretaría, la energía nuclear se encuentra en una fase de relanzamiento a nivel global, impulsada por la urgencia de contar con generación eléctrica libre de emisiones, el aumento de la demanda energética vinculado a la inteligencia artificial y la búsqueda de proveedores alternativos en las cadenas de suministro del ciclo de combustible nuclear.
Es relevante mencionar que los lineamientos no ofrecen detalles sobre proyectos específicos. El propio documento aclara que no se trata de un plan nuclear con cronogramas, recursos asignados o inversiones concretas, sino de un marco doctrinario destinado a guiar decisiones futuras.
