Esta propuesta coincide con las expectativas del Gobierno, que anticipa un aumento del 20% en la actividad económica durante la gestión de Javier Milei.
Para conseguir los niveles de inversión exigidos, se sugieren reformas al Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES y a los Fondos de Asistencia Laboral, a la vez que se expresan preocupaciones sobre el costo de la construcción y el acceso al financiamiento.
La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) realizó recientemente su convención anual celebrando sus 90 años, donde su presidente, Gustavo Weiss, minimizó la carga que recae sobre el Estado, indicando que “de ese 25%, solo el 6% recae sobre el Estado. Lo demás es inversión privada”. Weiss explicó que el 3% corresponde a inversiones estatales en el mantenimiento de infraestructura y otro 3% a nuevas obras, las cuales no resultan atractivas para el sector privado. Destacó que, de los 40.000 kilómetros de la red vial nacional, los 9.000 kilómetros más atractivos son aquellos que incluyen los accesos a los principales centros urbanos, como Buenos Aires y Córdoba.
Este 6% de participación estatal representa una inversión anual de 36.000 millones de dólares, en contraste con la cifra de 4.000 millones de dólares que Argentina ha destinado históricamente a esa área.
El resto de la inversión se reparte entre infraestructura privada (3% en sectores como energía, petróleo y gas), vivienda (6%, a través de créditos hipotecarios) y maquinaria o equipamiento (10%).
Para reactivar el sector de obras privadas, se promueve activar financiamiento mediante cambios en el FGS y el FAL, buscando que estas entidades actúen como organismos para descargar hipotecas y proveer de fondos al sistema financiero, con el objetivo de abordar un déficit habitacional estimado en tres millones de hogares. Aunque no se han recibido novedades sobre la propuesta presentada al Ejecutivo, se afirma que el Ministerio de Desregulación está evaluándola.
El sector enfrenta dificultades considerables. Tras una caída del 25% en la actividad durante 2023 y 2024, la situación se mantiene estancada con alta volatilidad en los indicadores de sus proveedores. Si bien los despachos de cemento mostraron un leve aumento del 10,6% en mayo respecto a abril, Weiss subraya la necesidad de observar tendencias a más largo plazo, para eludir la influencia de factores estacionales.
Para 2026, se proyecta una estabilidad en el sector sin grandes variaciones. La construcción es altamente sensible a los ciclos económicos, como puntualizó Weiss: “Si la actividad crece, la construcción triplica el crecimiento. Si cae, también lo triplica”.
El empleo es otro aspecto que reacciona rápidamente a estas fluctuaciones, especialmente en un ámbito donde la informalidad es notable. Ricardo Arriazu, economista, señaló que el empleo informal en la construcción es tres veces mayor que el formal. “El desafío es cómo adaptarse a los cambios y dirigirse hacia sectores que van a crecer”, agregó Arriazu.
No obstante, la adaptación implica más costos que beneficios, y los efectos positivos de los sectores que están en auge, como gas y petróleo, no se reflejan en los más afectados. Weiss expresó que “no hay derrame” suficiente para resolver las problemáticas del sector.
Las seccionales de la cámara en regiones petroleras, como Neuquén, demuestran un dinamismo mayor, mientras que en otros lugares se han registrado pérdidas de 120.000 puestos de trabajo.
Un aspecto relevante fue el 20% de compras locales que establece el RIGI; sin embargo, esto no necesariamente se traduce en insumos, ya que también es alcanzable a través de servicios.
La Cámara, que carece de comunicación con el Gobierno debido a su ausencia en el evento, valora la estabilización de variables macroeconómicas, aunque subraya que esto no es suficiente. La entidad destaca la urgencia de reactivar la inversión y la necesidad de discutir cómo se llevará a cabo la transición hacia el nuevo modelo del Gobierno, además de exigir previsibilidad.
Weiss enfatizó que “hay una violación permanente de contratos” y demandó por deudas que el Gobierno tiene con la Cámara, ascendiendo a más de 400 millones de dólares, correspondientes a unos 3.500 contratos vigentes al inicio de la gestión de Milei, de los cuales por lo menos 2.500 están detenidos. Esto incluye obras viales, mantenimiento ferroviario, proyectos hídricos, convenios con provincias y obras relacionadas con el impuesto a los combustibles. Aunque el Gobierno se comprometió a saldar estas deudas a través de un bono, aún no ha ofrecido información sobre cómo se llevará a cabo dicho proceso.
