Los consejeros Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación, y el diputado Álvaro González son los acusadores. Ambos denunciaron que el magistrado generó un “verdadero infierno” para los funcionarios y empleados de su juzgado, lo cual impactó negativamente en el servicio de justicia. Anticiparon que solicitarán su remoción por mal desempeño.
En su defensa, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez negó las acusaciones, presentó detalles de las circunstancias laborales y afirmó que “el daño no fue probado”. Aunque el jury le ofreció la oportunidad de declarar, Díaz Lacava optó por esperar hasta el final del proceso para hablar.
“Quiero declarar y quiero dar mi versión sobre las acusaciones que he escuchado hace más de tres años y medio, pero prefiero no hacerlo en este momento. La acusación ha mutado y quiero escuchar la prueba que se va a producir en las jornadas próximas, para que, eventualmente, al cierre de la producción de la prueba, puedan hacerme preguntas. Voy a declarar más tarde”, explicó.
Díaz Lacava es el tercer juez que se enfrenta a un jury en menos de un año. El año pasado, Martín Poderti fue destituido de un tribunal oral en Mar del Plata, mientras que se aguarda la decisión del jury sobre el juez Alfredo López, de esa misma ciudad, denunciado por mensajes antisemitas en redes sociales.
A continuación el turno del juez de Rosario, Gastón Salmain, quien está siendo procesado por cobrar coimas a cambio de decisiones judiciales y por haber omitido en su currículum que había sido despedido del Poder Judicial por manipular un sorteo.
El Jurado de Enjuiciamiento cuenta con la participación de los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero (presidente) y Néstor Pablo Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Díaz Lacava está suspendido desde abril por el Plenario del Consejo, tras acusaciones de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género presentadas por secretarios de su tribunal. Según el dictamen acusatorio, el magistrado incurrió en “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”, entre los que se incluye el hecho de arrojar una piedra contra un empleado.
El juez enfrenta también un proceso penal por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, cometidas contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales, en un contexto de violencia, maltrato laboral y, para las mujeres afectadas, en un marco de violencia de género. Su caso está próximo a ser llevado a juicio oral.
Barroetaveña y González, actuando como “fiscales” acusadores, recordaron los casos por los cuales el magistrado fue denunciado. “No es halagador estar aquí sentado acusando a un colega. Pero aquí también fueron damnificados otros funcionarios, jueces y empleados”, señaló Barroetaveña.
El juez resaltó que el presente proceso no se limita a un conflicto laboral común o a desacuerdos sobre estilos de conducción. Pone en cuestión la función de la magistratura en un contexto donde se ejerce abuso de poder.
Barroetaveña subrayó que existió un “patrón de conductas sucedido en el tiempo”, describiendo el temor que sentían los empleados al ingresar a las oficinas ante la “incertidumbre frente a reacciones imprevisibles” del juez. Relató episodios que incluían “gritos y descalificaciones”, “ataques de ira”, “golpes en el escritorio”, “interrogatorios a empleados”, amenazas de sanciones y actos “persecutorios”.
“¿Cómo se puede trabajar en este contexto? ¿Se puede brindar justicia así?”, se cuestionó y concluyó que “un juez no debe arrojar una piedra a un funcionario y decir que es una broma”.
Por su parte, Gil Domínguez revisó la trayectoria del magistrado y buscó desmontar la acusación. Explicó que había un mejor vínculo entre el juez y quienes lo denunciaron. “¿Cuál es el daño probado de los denunciantes?”, cuestionó.
Sin embargo, a pesar de cuestionar la “broma” del magistrado, minimizó la gravedad de la piedra lanzada. Además, criticó el procesamiento que le impide a Díaz Lacava acceder a su juzgado para evitar el contacto con las víctimas. Las próximas audiencias incluirán la declaración de testigos, tras lo cual el jury tomará una decisión.
