Recientemente, se formalizó esta medida en Neuquén, y se estima que alrededor de 500 usuarios que viven en barrios cerrados y que anteriormente recibían ayuda estatal serán excluidos del padrón y se les retirará el subsidio. A futuro, el Ejecutivo planifica expandir este mismo enfoque a localidades como Mendoza y Santa Fe.
La estrategia del Gobierno es llevar a cabo este proceso de manera gradual hacia los barrios cerrados de las principales ciudades de Argentina, identificando aquellos hogares que, debido a su situación socioeconómica, son considerados “zonas de manifiesta capacidad de pago”, lo que implica que ya no deberían ser parte del esquema de subsidios.
Hasta el momento, la Secretaría de Energía ha rechazado 17.843 solicitudes de inscripción para subsidios presentadas por usuarios residentes en barrios cerrados del AMBA, Puerto Madero y Córdoba. Además, se detectó que 1.508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025 hasta la fecha. Para la identificación de estos usuarios, la Secretaría utilizó herramientas de geolocalización y cruzó información con entidades reguladoras y prestadoras de servicios, lo que permitió concluir que estos usuarios poseían la capacidad económica para afrontar los costos de los servicios de electricidad y gas.
El enfoque sobre los countries estará acompañado por una revisión más amplia del padrón de beneficiarios, que llega a estimar la anulación de cerca de un millón de solicitudes de inscripción al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), las cuales, desde su creación en 2022, nunca se completaron o tenían datos incorrectos. Según las explicaciones proporcionadas por fuentes oficiales, estas son solicitudes que se presentaron sin que se les haya otorgado subsidio, y se las considera trámites “abandonados o duplicados”. “No se le quita el subsidio a nadie que lo esté recibiendo”, aclaró un funcionario.
Para verificar que esta “depuración” de las solicitudes del sistema sea adecuada, la Secretaría de Energía enviará una notificación al titular que haya ingresado los datos del pedido, y permitirá un plazo de 60 días para que actualicen o completen la información correspondiente. Si no hay respuesta, la solicitud será dada de baja.
Estas medidas forman parte de un plan más amplio que tiene como objetivo revisar quiénes reciben asistencia estatal en las tarifas de luz y gas, y concentrar los subsidios en aquellos sectores que se consideran de menores ingresos. Actualmente, existen 16,5 millones de usuarios de electricidad, de los cuales unos 8,71 millones perciben algún tipo de subsidio, mientras que 7,82 millones pagan la tarifa sin asistencia estatal. En el ámbito del gas, hay aproximadamente 9,6 millones de usuarios, y la mitad de ellos se beneficia con subsidios.
Con este enfoque, el Gobierno también persigue un objetivo fiscal: reducir el gasto que el Estado destina a subsidiar las tarifas de electricidad y gas e ir hacia un esquema donde la asistencia quede cada vez más focalizada en los hogares de menores ingresos. A comienzos de este año, la Secretaría de Energía realizó modificaciones en el esquema que antes clasificaba a los usuarios residenciales en tres categorías según su nivel de ingresos, por un régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que actualmente contempla solo dos: hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo total de la energía.
Bajo el régimen del SEF, el acceso a los subsidios energéticos está restringido a hogares cuyos ingresos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), lo que equivale a un ingreso mensual de hasta $4.694.148, según datos del Indec. Paralelamente, se estableció un límite de energía subsidiada que, para septiembre, alcanzará los 200 kWh, en comparación con los 150 kWh establecidos para este mes. Durante los meses más fríos, los hogares que reciben asistencia estatal tuvieron un límite de consumo de 300 kWh mensuales.
Cabe señalar que, en octubre pasado, el Gobierno también recibió un préstamo de US$700 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a respaldar el proceso de transformación del esquema energético y la focalización de la asistencia. Según se informó en ese momento, este financiamiento está orientado a ayudar a los grupos más vulnerables de la población mediante el otorgamiento de subsidios.
De este modo, la estrategia del Gobierno busca profundizar la reducción de subsidios sin aplicar un recorte uniforme a todos los usuarios: el objetivo es retirar la asistencia de manera progresiva de quienes se considera que no necesitan el beneficio, mientras se preserva el subsidio para aquellos sectores de menores recursos.
