En un mensaje que compartió en la red social X, el mandatario santafesino subrayó que la jueza que tomó la decisión, Marta Elba Pascual de Lomas de Zamora, “le pide explicaciones” al gobierno bonaerense.
“El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”, afirmó Pullaro, quien agregó que “los jueces están para que las leyes se cumplan”.
También comentó que “la ley es muy clara” al establecer que “no se permite que los delincuentes, de la edad que sea, se la lleven de arriba”. En este sentido, consideró “muy grave lo que sucedió” y rememoró que “costó mucho dar ese debate”.
“En Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes por su edad. Roban y matan, mientras el Estado no puede intervenir para detenerlos”, señaló el gobernador, haciendo referencia a la ola de violencia en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.
“Nos preparamos para aplicar la baja en la edad de punibilidad. Contamos con tobilleras electrónicas, institutos para menores y, en los casos más graves, módulos penitenciarios especializados. La ley debe aplicarse”, concluyó Pullaro.
El fallo de Pascual había dado lugar a tensas discusiones entre los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires en las redes sociales. En este contexto, Diego Santilli, ministro del Interior, criticó el “silencio” del gobernador Axel Kicillof ante la decisión judicial.
En respuesta, Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, salió al paso de las críticas y afirmó que con solo bajar la edad de imputabilidad “no alcanza”, generándose un intercambio sobre las deudas del gobierno nacional con las provincias, la falta de infraestructura y la posición de cada uno ante la Justicia y el delito.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, también se pronunció sobre el fallo que suspendió la implementación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires durante 60 días, cuestionando su legalidad.
“Creo categóricamente que esa jueza se ha extralimitado. Tiene la opción de declarar la inconstitucionalidad de la ley, si lo considera necesario, pero no posee la facultad de suspenderla por 60 días”, afirmó Cornejo.
El mandatario resaltó que las dificultades en cuanto a infraestructura no justifican el aplazamiento de una norma vigente, a la vez que contrastó la situación de Mendoza, donde se realizaron inversiones para sostener políticas que implican un mayor número de detenidos y, en consecuencia, más presión sobre el sistema penitenciario.
Este lunes, con solo 48 horas de vigencia efectiva para la ley penal juvenil, la jueza Pascual suspendió preventivamente la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad a 14 años, a raíz de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, liderada por el sacerdote José María Di Paola.
La jueza enfatizó la relevancia de la capacidad e infraestructura de la provincia para abordar el cambio normativo aprobado por el Congreso hace más de seis meses. “Se debe determinar si el Estado puede extender el número de adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal sin las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para cumplir con los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de libertad durante la adolescencia”, afirmó en su resolución.
