Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la megainvestigación que nació en Lomas de Zamora, ordenó además otras medidas de prueba solicitadas por el fiscal Franco Picardi
Luego de un fallo de la Cámara Federal porteña que descartó la existencia de una asociación ilícita en la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó 43 medidas de prueba para reactivar la causa que investiga el espionaje ilegal a políticos, presos, periodistas y gremialistas.
El magistrado convocó para que declaren como testigos al diputado del PRO Diego Santilli -fue una de las víctimas del espionaje-; al ex funcionario de Defensa José Luis Vila -sufrió un atentado en su casa-;a Mariano Macri, hermano del ex presidente a raíz de dichos suyo en el libro “Hermano” de Santiago O’Donnel sobre el manejo de las escuchas; y al juez que se negó a detener a los Moyano y denunció presiones de la AFI, Luis Carzoglio.
En el escrito al que accedió Infobae, Martínez De Giorgi también convocó a la interventora actual de la AFI, Cristina Caamaño, por una entrevista que concedió días atrás. Antes de su declaración, la jefa de los espías deberá ser relevada del secreto por el presidente Alberto Fernández. A Caamaño también le pidió que aporte el video de la filmación en el Banco Provincia donde el entones ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, habla de conformar una Gestapo para perseguir a los gremios.
El juez decidió además pedir informes “muy urgentes” a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) de la Corte Suprema para saber si se estableció con la AFI un sistema de entrega de los llamados interceptados judicialmente. Esta decisión está vinculada a una presentación realizada la semana pasada por la interventora Caamaño sorbe el hallazgo de más de 100 mil grabaciones que debieron ser destruidas. Martínez De Giorgi también le pidió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalles para saber la nómina de agentes de la Policía de la Ciudad entre 2015 y 2019 que fueron afectados a la AFI y en qué contexto.
El disparador de estas diligencias, que se conocieron este martes, fue un planteo que había hecho el jueves pasado el fiscal Franco Picardi, quienpidió que se forme un legajo aparte en el expediente y ordene un “estudio técnico pormenorizado y específico, tendiente a analizar” cómo creció el poder de la AFI durante la era Macri, a través de decisiones políticas y modificaciones administrativas. La medida “resulta ser la más apropiada para obtener una noción global de las maniobras” que investigan el espionaje ilegal, había dicho el fiscal. Esas diligencias también fueron ordenadas, indicaron a Infobae fuentes consultadas.
Los antecedentes de la causa
La Justicia abrió una causa a mediados del 2020 en Lomas de Zamora que consta de tres aristas: una que investiga las vigilancias sobre Cristina Kirchner en el Instituto Patria promovida por la interventora de AFI Caamaño; otra que analiza los seguimientos a políticos, jueces, periodistas y gremialistas en virtud de los hallazgos en el chat de los SuperMarioBross; y una última, conocida como “el legajo 9″, en donde se aborda el capítulo sobre el espionaje que habría existido sobre presos kirchneristas y su entorno.
Las declaraciones de un narcotraficante, Sergio “Verdura” Rodríguez ante el juez Federico Villena destaparon la punta de este escándalo: dijo que un abogado y espía de la AFI, Fernando Melo, le había pedido que dejara un paquete bomba en la casa del ex secretario de Defensa Vila para darle “un susto”. Y eso permitió seguir la pista y encontrar en un chat de los espías un grupo de Whatapp -Supermariobross- en donde relataban seguimientos y vigilancias a políticos, gremialistas, religiosos, jueces, periodistas e integrantes de la comunidad mapuche. De allí también surgió la causa por el espionaje en las cárceles. El caso del Instituto Patria fue distinto: la propia interventora se presentó en Lomas de Zamora y pidió que allí se investigara si la AFI macrista había buscado dar cobertura legal a vigilancias sobre la hoy vicepresidenta.
A instancias de Casación, el caso pasó a Comodoro Py. Y a Cámara Federal porteña sostuvo que las tareas de observación y seguimientos que se hicieron sobre Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su casa de la calle Juncal “tenían orden judicial” que las autorizaba y por ello no puede ser sancionado penalmente en esta instancia. Y que en el caso del espionaje a políticos, sostuvo que “si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”.
Para el tribunal, sólo se pudieron corroborar seguimientos y vigilancias por parte de algunos algunos agentes que integraban un grupo de WhatsApp, quienes realizaban tareas de “cuentapropismo” para futuras extorsiones. Los jueces pidieron profundizar la investigación sobre los orígenes de la causa, que nació en el fuero de Lomas de Zamora.
Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri, recibió falta de mérito tanto en Lomas de Zamora como por la Cámara Federal porteña. La figura de Mauricio Macri nunca fue alcanzada en esta causa. Sí está procesado en otra investigación por espionaje que se tramitó en el juzgado federal de Dolores y en donde fue acusado de espiar los familiares de las víctimas del ARA San Juan.
El fallo fue apelado. En especial por Cristina Kirchner. La vicepresidenta está buscando que la Cámara Federal de Casación Penal revierta la decisión tomada en diciembre por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, fallo que les valió que el oficialismo de la comisión bicameral que analiza las actividades de inteligencia pidiera en el Consejo de la Magistratura el juicio políticos de ambos. Por lo pronto, tal como lo detalló Infobae, Llorens y Bertuzzi rechazaron un planteo de CFK y su querella irá en queja al máximo tribunal penal federal.
Mientras tanto, la Corte Suprema que tienen también cuestionamientos de la querella de CFK sorteó jueces de distintas cámaras federal para actuar como ministros del máximo tribunal, luego de la excusación que hicieron sus cuatro integrantes para intervenir en la causa. Según trascendió, entre los sorteados se encuentra Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal porteña, y cuya intervención será impugnada por las partes.
