La regulación se centra en las licencias comerciales para no domiciliados (non-domiciled CDL), otorgadas a residentes temporales que no son ciudadanos. Estos permisos estaban diseñados para expirar junto con el estatus migratorio de cada conductor.
La respuesta por parte de los estados ha sido variada. Oregon ha ido más allá de lo exigido y ha suspendido completamente la emisión de CDL para no ciudadanos. Por otro lado, California enfrenta actualmente una demanda judicial que impide la revocación masiva de licencias.
El 13 de febrero, la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) y el Departamento de Transporte emitieron una directiva que establece que los estados deben otorgar licencias comerciales únicamente a aquellos con “un estatus migratorio verificable basado en empleo”, con un plazo que venció el 16 de marzo para su cumplimiento.
Esta medida es parte de una política migratoria más amplia del presidente Trump, quien ha solicitado la aprobación de la “Ley Dalilah”, que pretende prohibir a cualquier estado emitir licencias comerciales a personas en situación irregular.
El caso que motivó esta propuesta ocurrió en noviembre en Oregón, cuando un hombre de 25 años y su esposa perdieron la vida tras un choque con un semirremolque cuyo conductor, Rajinder Kumar, poseía una licencia temporal emitida en California. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó su detención debido a su irregularidad migratoria.
Oregon ha aplicado esta normativa de forma estricta, suspendiendo la emisión y renovación de CDL para cualquier residente temporal no ciudadano. Aproximadamente 1.400 personas en ese estado poseen licencias vigentes; aunque podrán conservarlas, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) no aceptará nuevas solicitudes.
Indiana, por su parte, ha cancelado directamente las 1.800 licencias que había emitido a no ciudadanos. En contraste, California enfrenta una acción legal que impide por ahora la revocación de los permisos existentes, que ascienden a cerca de 20.000.
La situación varía significativamente de un estado a otro. A nivel federal, la normativa no exige la eliminación de permisos existente, sino que se enfoca en evitar nuevas emisiones. No obstante, cada estado está en libertad de implementar criterios más estrictos, como lo han hecho Oregon e Indiana.
El debate sobre la constitucionalidad de la medida probablemente continuará en los tribunales en las próximas semanas. El resultado del caso de California podría establecer un precedente para otros estados que albergan grandes poblaciones de conductores con estatus migratorio temporal.
