La propuesta busca establecer “el derecho de toda persona a solicitar y recibir asistencia médica para morir”, considerado por Paulón como uno de los actos “más íntimos que puede tomar un ser humano”. Por estas razones, el legislador sostiene que es responsabilidad del Estado asegurar el acceso efectivo a este procedimiento, así como proteger al individuo de cualquier tipo de presión indebida, garantizando así “la dignidad en el proceso de morir”.
La “Asistencia Médica para Morir” abarca dos aspectos: la Eutanasia, definida como la “administración directa al paciente de una sustancia letal por un profesional de la salud competente, a petición libre, informada y reiterada del paciente”; y la Muerte asistida, que implica la prescripción o provisión de una sustancia letal que el propio paciente puede autoadministrarse.
El proyecto incluye modificaciones al Código Penal para agregar el Artículo 83 bis, que establece que “no será punible el profesional de la salud que realice asistencia médica para morir conforme a las disposiciones, los requisitos y los procedimientos establecidos en la Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”. También contempla cambios a la Ley 26.529 sobre Derechos del Paciente y al Código Civil y Comercial del país.
Se propone que ambos métodos se integren al Programa Médico Obligatorio (PMO), garantizando cobertura total y sin copago, además de cumplir con estándares de calidad y estar vinculados a cuidados paliativos y el acompañamiento en el final de la vida. “Queremos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos y estableciendo los derechos y deberes del personal de salud”, afirma Paulón.
Para acceder a la asistencia médica para morir, los solicitantes deben haber sido diagnosticados con enfermedades graves e incurables, descritas como aquellas que generan sufrimientos físicos o psíquicos intolerables, sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable. También se incluye a quienes tengan padecimientos crónicos que limiten significativamente su autonomía y calidad de vida.
Los solicitantes deben tener al menos 16 años, ser ciudadanos argentinos o residentes permanentes con un año de antigüedad, y su solicitud debe ser libre y consciente, sin presión externa. Durante la evaluación de la solicitud, un médico deberá conformar un “equipo interdisciplinario de consejería” compuesto por profesionales de diversas áreas para garantizar un acompañamiento adecuado. “No podrán integrar el equipo personas con conflicto de intereses”, especifica el proyecto.
Una vez completada la evaluación, la solicitud se eleva a un médico consultor, especializado en las patologías del paciente, quien determinará si cumple con los requisitos establecidos por la ley.
Respecto a la ejecución del procedimiento, la propuesta establece que “deberá realizarse en condiciones que garanticen la ausencia de sufrimiento” y el paciente podrá elegir el lugar de realización del mismo. Tras el procedimiento, se notificará al Registro Nacional de AMM.
“Esta iniciativa se fundamenta en una perspectiva de derechos humanos que reconoce la autonomía, la dignidad y la libertad de las personas para tomar decisiones sobre sus procesos de salud y su final de vida”, argumentó Paulón, quien subrayó la necesidad de abrir un espacio de discusión informado y respetuoso sobre el tema.
Este proyecto se suma a otro presentado a finales del año anterior por el diputado mendocino Lisandro Nieri, que también aborda la regulación de estos procedimientos. Ambas iniciativas se enmarcan en un debate más amplio sobre la autonomía de los pacientes en la región, impulsado por la legislación de Uruguay, que a partir de la ley 20.431, aprobada en octubre de 2025, ha permitido establecer procedimientos legales para la eutanasia.
Recientemente, Uruguay llevó a cabo su primera eutanasia legal sobre una paciente oncológica de 69 años, quien cumplió con todos los requisitos legales tras firmar su consentimiento. Por su parte, Colombia ha despenalizado el acceso a la eutanasia, permitiendo que personas con enfermedades no terminales también puedan solicitarla, lo que ha llevado a una reestructuración de los procedimientos en el sistema de salud.
