En un documento dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, condenó la semana anterior lo que denominó como una “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas” relacionadas con el poder judicial y sus integrantes, sugiriendo medidas institucionales drásticas para proteger al Poder Judicial del discurso mediático.
Entre sus propuestas, Mahiques planteó la “instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal la difusión en tiempo y forma” de las sentencias, de modo que la ciudadanía pueda recibir información de una “fuente rigurosa, confiable y oficial”.
Sin embargo, lo más controversial de su propuesta es la regulación de los vínculos personales entre los actores del sistema judicial y el periodismo. Mahiques instó a incorporar normas deontológicas a los reglamentos que rigen estas interacciones y a sancionar como “grave falta” el intercambio de información o de “favores” que luego sean utilizados por la prensa como “fuentes judiciales” no revelables.
El temario del Acuerdo de Superintendencia de la Casación de hoy incluye, en el tercer punto, la “Presentación del señor titular de la vocalía número 7, Dr. Carlos Alberto Mahiques”. Tras su exposición, se decidirá el curso de acción respecto a su propuesta.
En conversaciones recientes, algunos magistrados del tribunal manifestaron su preocupación, advirtiendo que esta iniciativa podría representar un avance en la libertad de prensa y sugiriendo que debería ser archivada. Sin embargo, otro camarista indicó que explorar la posibilidad de establecer una vocería no sería una idea descabellada. Este tema también ha generado debate en la Corte Suprema, que tiene bajo su ala al Centro de Información Judicial (CIJ).
Mahiques, en su declaración previa, afirmó que existe una “promiscuidad informativa” y un “periodismo oportunista y mercenario” que debe ser contrarrestado por un interlocutor judicial preparado que ayude a desmantelar las narrativas simplistas de “buenos y malos” y que desenmascare a los “inquisidores morales de doble estándar”.
Además, subrayó que la protección de una información pública “recta y objetiva” es una necesidad republicana que se halla vulnerada por un enfoque mediático que prioriza el impacto emocional sobre el análisis fáctico.
Mahiques advirtió también sobre un proceso de “acoso mediático” dirigido a los integrantes del Poder Judicial, señalando que los temas vinculados a la justicia han sido objeto de numerosos comentarios y editoriales en plataformas digitales, y mencionando en particular la intensa cobertura televisiva y online de una determinada empresa.
El magistrado acusó a ciertos comunicadores de difundir sospechas y descalificaciones hacia los jueces, incluida su propia figura, usando a menudo un lenguaje despectivo o caricaturesco. Para él, esto no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de hostilidad que identifica como obra de lo que denomina “nuevos sicofantes” que generan campañas de desprestigio contra el Poder Judicial, provocando un efecto corrosivo en la imagen, dignidad y legitimidad de la justicia como poder del Estado.
Mahiques está considerando la posibilidad de tomar acciones legales con respecto a las afirmaciones en su contra, sugiriendo que este tipo de hostigamiento informativo podría tener implicaciones tanto en el ámbito civil como penal, lo que justificaría reparaciones o sanciones para los responsables.
Se autoidentificó como una víctima de desprotección y enfatizó que “los jueces y funcionarios carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache”, lo que frecuentemente se ve como impune bajo el concepto de libertad de expresión o el derecho a “preservar las fuentes”.
Mahiques, que cuenta con 75 años, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, cargo del cual renunció tras seis meses. Posteriormente, pasó a ser camarista en la Casación ordinaria y fue luego trasladado a la Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más alto del país.
En 2022, se vio envuelto en un escándalo relacionado con un viaje a Lago Escondido junto a empresarios y lobbistas, en el que más tarde se cuestionaron intercambios de información. Aunque estuvo imputado junto a su hijo, la causa fue eventualmente anulada y todos los involucrados fueron sobreseídos.
En febrero pasado, su nombre volvió a aparecer en las investigaciones de la AFA, tras revelarse que había celebrado su cumpleaños en una propiedad de un alto funcionario de la entidad. Su hijo, tras asumir como ministro de Justicia en marzo, impulsó su continuidad en el cargo, lo que fue aprobado por el Senado en mayo.
En un cierre impactante de su presentación anterior, Mahiques citó al magistrado italiano Giovanni Falcone, quien fue asesinado en un atentado de la mafia en 1992, advirtiendo sobre la aplicación de una “lógica mafiosa” por parte de las elites que buscan influir en el sistema judicial para obtener beneficios. Según Mahiques, este método implica una degradación pública gradual en la que, primero se deslegitima, luego se aísla y finalmente se crush.
En el contexto mediático, señaló que este ataque constituye una “muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica” de los jueces, instando a la necesidad de “re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios” para encontrar formas de “medir la desmesura” antes de que el Poder Judicial sea reducido a un simple “servidor del discurso mediático”.
