El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) alertó sobre esta situación, destacando que “estamos a muy pocos días de que el Gobierno nacional deba presentar el Presupuesto 2027 ante el Congreso, y lo que ocurre con la Oficina de Presupuesto del Congreso es grave”. Explicó que “primero, avanzaron en una intervención de hecho sobre un organismo que fue concebido para brindar información técnica, independiente y objetiva al Poder Legislativo. Luego vino la desarticulación de equipos de trabajo clave y el desplazamiento de profesionales con experiencia acumulada”.
Ferraro continuó su crítica en sus redes sociales, mencionando la presunta “prohibición de elaborar y difundir informes” y mencionó la “situación de ahogo financiero que afecta el normal funcionamiento de la institución”. Afirmó que “como forajidos, avanzaron sobre una institución creada para fortalecer la capacidad de control y análisis del Poder Legislativo”.
Por su parte, se informó sobre la renuncia de Gabriel Esterelles, director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso, y su reemplazo interino por María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont. Actualmente, la comisión que revisa su funcionamiento está integrada por seis miembros: dos libertarios (Monteverde y Benegas Lynch), dos peronistas (Castagneto y Salino) y dos aliados oficialistas (Schneider y Fernández Molero).
Agustín Monteverde, como presidente de la comisión revisora, ha estado en el centro de esta problemática. En junio, surgió la primera advertencia de que La Libertad Avanza había suspendido las operaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En una reunión a puertas cerradas, la comisión bicameral, dominada por el oficialismo y sus aliados, resolvió la realización de una auditoría en el organismo sin informar públicamente a través de los canales oficiales del Senado.
Una fuente indicó que “ese mismo día cayeron los auditores” y advirtió que “quieren ponerle un bozal” al organismo. Esta auditoría ha impactado negativamente en la operatividad de la Oficina, que se ha visto obligada a cesar la publicación de sus informes mensuales hasta que la bicameral tome una decisión. A su vez, la comisión pidió a la Oficina que reestructurara su memoria 2025 y el plan de trabajo anual, a pesar de que ambos ya habían sido presentados.
Las preocupaciones en distintos bloques de oposición surgen de la percepción de que el Gobierno “no quiere revelar el costo de sus iniciativas”. Un caso emblemático fue el debate en comisión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, que fue sancionado recientemente. A pesar de las solicitudes de la oposición, el oficialismo nunca solicitó a la Oficina una estimación de los costos asociados, lo que contradice la postura de austeridad que el presidente Javier Milei promueve.
