Sturzenegger, encargado de eliminar la intervención estatal en el ámbito empresarial, sostuvo que estos proyectos provinciales obstaculizan el crecimiento de las grandes compañías y argumentó que provocarán una distribución más desigual de los beneficios provenientes de los sectores energético y minero. “Si en cada provincia vamos a limitar la provisión a pequeñas empresas locales, no podremos desarrollar una economía de escala y los beneficios de energía y minería no se distribuirán de manera más equitativa”, expresó el funcionario durante la inauguración del foro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en un hotel en el centro de la ciudad.
Este mensaje del ministro representa una crítica clara a los gobernadores, aunque su impacto es más contundente entre sus aliados, quienes a menudo colaboran y aportan votos en el Congreso para las iniciativas del oficialismo. Gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) han estado impulsando, desde hace meses, acuerdos con multinacionales para establecer asociaciones con proveedores locales.
A mediados de agosto, tuvo lugar una reunión en el Consejo Federal de Inversiones donde Jalil manifestó a representantes de multinacionales y del Banco Interamericano de Desarrollo que “el verdadero crecimiento minero se logra trabajando en conjunto con las pymes locales, las empresas y las cámaras de proveedores”. Esta estrategia busca equilibrar la competitividad industrial, potenciar el uso de recursos provinciales y aumentar la contratación de mano de obra local, entre otros objetivos.
Sin embargo, el gobierno de Javier Milei considera que estas iniciativas van en contra de los efectos previstos por la sanción del RIGI y la modificación, actualmente judicializada, de la Ley de Glaciares, que tienen como fin promover el extractivismo. En este contexto, Sturzenegger reafirmó su rechazo hacia las propuestas de los gobernadores, argumentando que “una regulación limita el uso de los derechos de propiedad”.
En su intervención, el ministro también afirmó que “la defensa del derecho de propiedad es el programa de crecimiento” del gobierno de Javier Milei. “El Presidente sostiene que una de las formas fundamentales de defender estos derechos es mantener el superávit fiscal”, explicó. Asimismo, previó un crecimiento económico del 2,7 por ciento para 2026 y del 3 por ciento para 2027, lo que significaría una expansión del PIB durante los cuatro años de la gestión de La Libertad Avanza. Además, hizo hincapié en la intención del gobierno de impulsar inversiones en inteligencia artificial, considerado uno de los motores de crecimiento para el futuro. Con humor, concluyó su exposición diciendo: “Mi ministerio es el de la felicidad”, a pesar de ser responsable de diversos ajustes y despidos.
