Esta acción judicial apunta a cinco empresas por presunta violación de la Ley de Hidrocarburos, específicamente a la ley 26.659, que sanciona actividades no autorizadas en esa región.
El canciller Quirno formuló la denuncia con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, sosteniendo que las empresas mencionadas llevan a cabo operaciones en la Cuenca Malvinas Norte sin la correspondiente autorización del Estado argentino.
Las empresas denunciadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. El Gobierno afirma que algunas de estas sociedades operan con licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido, lo que vulnera la soberanía argentina sobre la zona.
La presentación judicial menciona que las actividades emprendidas por estas empresas se llevarían a cabo en contravención de las disposiciones de la Ley 26.659, la cual regula las acciones de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La denuncia no se limita únicamente a las empresas; también incluye a sus accionistas y a todos aquellos que hayan tenido participación en las actividades investigadas, como directores y gerentes. El Gobierno sostiene que la explotación de recursos naturales en el área de Malvinas sin el consentimiento de Argentina afecta sus derechos soberanos.
En este contexto, la Casa Rosada ha indicado que continuará promoviendo acciones para investigar y sancionar actividades que, según su interpretación, atenten contra los derechos argentinos sobre Malvinas, así como sobre las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Un proyecto destacado en este marco es Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, donde Navitas tiene una participación mayoritaria y actúa como operadora, mientras que la compañía británica Rockhopper Exploration posee el porcentaje restante, aunque esta última no forma parte de los denunciados.
Esta decisión de avanzar en acciones judiciales se suma a otras iniciativas que el Ejecutivo ha tomado para reforzar su estrategia en relación a Malvinas.
Parallelamente a la denuncia, el presidente Javier Milei ha instruido al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar en la elaboración del Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada Ushuaia y otros proyectos estratégicos. La intención es que estas iniciativas sean incluídas en el proyecto de Presupuesto que el Gobierno enviará al Congreso el próximo 15 de septiembre, buscando fortalecer las capacidades de seguridad nacional y proteger los intereses soberanos argentinos.
De esta manera, la Casa Rosada intenta combinar acciones judiciales contra las empresas involucradas en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas con un aumento de la presencia estatal y el desarrollo de infraestructura en el extremo sur del país.
