La propuesta del funcionario se hizo pública el lunes por la noche a través de un mensaje en su cuenta de X: “Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio”.
Dachary consideró que la derogación de la Ley 24.184 es una “medida fundamental” para la política exterior del país. “Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, puntualizó.
“Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución”, agregó el funcionario.
La solicitud del secretario fueguino se conoció poco después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional un aumento del presupuesto de Defensa destinado a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin la autorización correspondiente.
Dachary dirigió su solicitud de manera directa al Poder Legislativo, etiquetando en su publicación a las cámaras del Senado y Diputados.
La Ley 24.184 ratificó el convenio bilateral firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990, aprobado por el Congreso el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. Este acuerdo, que consta de 14 artículos, establece que ninguna de las partes puede ofrecer un trato menos favorable a las inversiones de la otra que el que aplica a sus propios inversores o a los de terceros países.
Adicionalmente, el convenio garantiza a los inversores británicos la libre transferencia de utilidades y proporciona protección ante expropiaciones no compensadas. Asimismo, se prevén mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas.
Este acuerdo fue uno de los resultados del proceso de normalización bilateral que se inició con los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, lo que permitió la reanudación de relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido luego de la Guerra de Malvinas de 1982.
Uno de los aspectos que podría dificultar una derogación inmediata son las protecciones para las inversiones realizadas bajo el convenio. La propia Ley 24.184 establece que, de trascender el tratado, estas inversiones seguirán protegidas por sus términos durante 15 años adicionales.
El artículo 3 menciona el principio de “nación más favorecida”, al que aludió el funcionario fueguino. Esta norma indica: “Ninguna Parte Contratante someterá en su territorio las inversiones y las ganancias de inversores de la otra Parte Contratante a un trato menos favorable que el otorgado a las inversiones y ganancias de sus propios inversores o a las inversiones y ganancias de inversores de cualquier tercer Estado”.
Además, especifica que “ninguna Parte Contratante someterá en su territorio a los inversores de la otra Parte Contratante, en lo que respecta a la gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación de sus inversiones, a un trato menos favorable que el otorgado a sus propios inversores o a los inversores de cualquier tercer Estado”.
Pocas horas antes de la publicación de Dachary, el Gobierno nacional había anunciado la presentación de una denuncia penal contra cinco empresas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, basando la medida en presuntas violaciones a la Ley 26.659 que prohíbe actividades en esa zona sin la autorización del país.
