Los jueces José Benito Fajre, Liliana Abreut de Begher y Claudio Kiper firmaron la sentencia, que determinó que la empresa realizó una intromisión ilegítima al captar el interior de una propiedad privada, resguardada por un paredón de dos metros. Según el fallo, la compañía contaba con recursos técnicos para difuminar rostros, patentes y objetos, pero no protegió la identidad ni la dignidad del hombre. El tribunal señaló que la escena ocurrió en un espacio privado, no en la vía pública, y consideró que la difusión de la desnudez del residente en Google Maps agravó la responsabilidad de la plataforma, por el alcance global del servicio.
Durante el proceso, el demandante afirmó que la publicación de la imagen dio lugar a burlas reiteradas de vecinos y conocidos. El episodio afectó profundamente su vida social y laboral, y, por vergüenza, lo llevó a recluirse en su casa. El trámite judicial tuvo distintos giros: en junio de 2024, el Juzgado Nacional en lo Civil N.° 32, a cargo del juez Eduardo Caruso, había rechazado la demanda.
En esa instancia, el magistrado sostuvo que la conducta del hombre había sido inmoral porque, según su criterio, se expuso voluntariamente en un patio visible. El fallo de primera instancia desestimó el reclamo con el argumento de que el demandante “se disparó en el pie” y planteó que los vecinos eran las verdaderas víctimas del hecho.
En mayo de 2025, la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y rechazó los argumentos de Google, que había sostenido que el rostro no podía identificarse con claridad. Los jueces remarcaron que el número de la vivienda era legible y que, en una comunidad de menos de 45.000 habitantes, la ubicación bastaba para reconocer al hombre. La resolución también fijó una multa de 100.000 pesos por cada día de demora en retirar la fotografía. En cambio, el tribunal absolvió a los medios locales que habían reproducido la imagen.
La sentencia se basa en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de las cosas. La Justicia determinó que el permiso administrativo para utilizar cámaras en la vía pública no libera a Google de su obligación de resguardar la privacidad. La empresa destacó que ofrece herramientas gratuitas para pedir que se difuminen rostros o viviendas, pero el tribunal puso en duda la eficacia de esas medidas preventivas ante una vulneración flagrante de derechos personalísimos.
