Este martes 23 de junio, la oposición ha convocado a una sesión especial en la Cámara de Diputados, donde se incluirán seis solicitudes de interpelación que podrían culminar en un voto de censura. Este procedimiento permite al Congreso destituir a un funcionario con el apoyo de la mayoría absoluta de ambas Cámaras. La moción puede ser iniciada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y se activa cuando se determina que el jefe de Gabinete ha incurrido en actos o conductas que comprometen su responsabilidad política ante el Congreso.
El último pedido de moción de censura fue realizado este jueves por el radical disidente Pablo Juliano (Provincias Unidas), apenas unas horas después de conocerse la declaración jurada presentada por Adorni. “El Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los fundamentos sobre los cuales descansa la confianza ciudadana en las instituciones”, argumentó Juliano, reflejando las inconsistencias en la información proporcionada por Adorni a ARCA.
“Acá el problema es que Adorni nos mintió en la cara”, admitió un diputado cercano al oficialismo, indicando que su agrupación podría tomar distancia del Gobierno. En su último informe, el jefe de Gabinete defendió su gestión haciendo hincapié en su cumplimiento con la Ley de Ética Pública, afirmando que sus declaraciones juradas incluían un componente público y otro reservado. “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, expresó Adorni ante los legisladores.
Sin embargo, en su última declaración jurada, Adorni incluyó activos no declarados previamente, entre los cuales se encuentran USD 300.000 derivados de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, obtenidos a partir de una inversión inicial de USD 200 mil.
Al igual que en las convocatorias anteriores, el apoyo de los gobernadores aliados será crucial en la definición de la situación. “El gobierno tiene una mayoría muy firme”, se escuchó en la oposición.
Por otro lado, algunos consideraron que las irregularidades en la declaración patrimonial de Adorni son de tal gravedad que podrían hacer dudar a asociados habituales, como los diputados de Córdoba vinculados al gobernador Martín Llaryora, quien no goza de la mejor relación con la Casa Rosada tras la media sanción que busca derogar Zonas Frías. De hecho, Carlos Gutiérrez, diputado cordobés, fue uno de los firmantes del pedido de sesión. “Lo de Patricia Bullrich fue muy fuerte, ya es una señal”, señalaron, refiriéndose a las críticas contundentes de la senadora oficialista, la primera en distanciarse del jefe de Gabinete.
Posteriormente, el PRO emitió un comunicado en el que calificó las omisiones de Adorni como “una falta grave”. Además, añadieron: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.
“No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura, la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, concluyeron.
A pesar de las movilizaciones, la convocatoria no representa un riesgo inmediato para el jefe de Gabinete, dado que los proyectos para avanzar con la moción de censura aún no cuentan con dictamen de comisión. Por lo tanto, la oposición necesitará primero asegurar una mayoría simple para solicitar la consideración de los proyectos en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento, que están bajo el control de La Libertad Avanza. Sin ese paso, la oposición no podrá obligar a que se discutan las solicitudes de interpelación y de moción de censura.
En un intento por aliviar la presión y desviar la responsabilidad a sus aliados, Adorni anunció que se presentará en el Senado en julio para brindar su informe de gestión, tal como lo establece la Constitución.
