El organismo aprobó apenas cinco ternas de candidatos a magistrados en todo 2021, la cifra más baja desde que se creó el organismo, hace más de 20 años
El Consejo de la Magistratura, el organismo que quedó bajo la lupa en los últimos meses después de un fallo de la Corte Suprema que ordenó modificar su conformación, está cruzado por una lucha política. La paridad entre el kirchnerismo y la oposición frenó una de sus principales funciones: la designación de nuevos jueces. Los números oficiales analizados por Infobae indican que el Consejo marcó en 2021 el peor rendimiento desde su creación, hace casi dos décadas, con respecto a la cantidad de ternas de candidatos a magistrados que elevó al Poder Ejecutivo.
El Consejo logró aprobar en su plenario apenas cinco concursos de jueces en todo 2021 para ocupar algunas de las cientos de vacantes que permanecen desiertas en la Justicia, según el último informe realizado por la comisión de Selección del organismo. La cantidad de ternas de candidatos a ocupar juzgados federales y nacionales bajó drásticamente en comparación con el año anterior. En 2020, el año de la pandemia que obligó al Consejo a cambiar su metodología de trabajo y pasar a las sesiones virtuales, se aprobaron 43 ternas, es decir, cuatro veces más. El escenario en los primeros meses de 2022 tampoco es alentador, ya que todavía no se aprobó ninguno de los concursos, según los datos oficiales.
El Consejo es el organismo a cargo de poner en marcha la selección de jueces. El proceso comienza con un concurso, cuya etapa final consiste en confeccionar una terna de candidatos en base a una escala de puntajes entre los mejores ubicados. La terna debe ser aprobada por el plenario del organismo con una mayoría especial que suele necesitar un consenso entre las distintas fuerzas políticas. Una vez aprobada, la terna es elevada al Presidente de la Nación, que elegirá un candidato cuyo pliego deberá ser aprobado por el Senado.
Pero la equidad de fuerzas entre el oficialismo y la oposición dentro del Consejo dejó en jaque la aprobación de estas ternas hasta prácticamente paralizarlo. El orden del día del último plenario indica que hay 18 concursos que están listos para ser aprobados por el plenario del organismo. Cuando el Consejo logre acuerdos políticos para reunir la mayoría especial de los votos, se podrán elevar 49 nuevas ternas al Poder Ejecutivo, ya que muchos de los concursos incluyen una múltiple selección de vacantes en los juzgados.
“El problema que tenemos es la falta de consenso. Hay muchas ternas por aprobar, muchísimas, pero no logramos ponernos de acuerdo, especialmente entre la representación política de la oposición y la del oficialismo”, indicó Juan Manuel Culotta, representante de los jueces dentro del Consejo. “Lo mejor sería sacar del medio los lugares más complicados de resolver, como las vacantes en Comodoro Py, para dedicarnos cubrir lugares en otros fueros que tienen un gran problema por la falta de magistrados, como ocurre con los juzgados civiles y laborales, que además resuelven un servicio de justicia indispensable para la gente”,
La tendencia sigue en 2022
Los números del Consejo durante 2021 quedaron en las antípodas de otros años, cuando las ternas aprobadas llegaron a los tres dígitos. La oposición se cuelga su medalla en 2018, el año récord en el Consejo, con 154 ternas aprobadas y elevadas al entonces presidente Mauricio Macri. El kirchnerismo también puede rememorar las 119 ternas que aprobó en 2010 y que luego remitió a Cristina Kirchner. Para recordar cifras menores a una decena hay que remitirse hasta 2013, cuando el organismo apenas consiguió aprobar siete ternas.
La baja aprobación de nuevas ternas podría impactar en las vacantes y, consecuentemente, en el funcionamiento de la Justicia. Lejos de completar el mapa de todos los juzgados federales y nacionales del país, el último reporte oficial de la comisión de Selección del Consejo señala que hay 229 juzgados vacantes en el Poder Judicial, un 23% sobre el total. Las vacantes se cubren, en la práctica, con magistrados que se hacen cargo de más de un juzgado al mismo tiempo para subrogar esos lugares. Los expertos coinciden en que las subrogancias bajan la calidad del servicio de justicia, entre otras dificultades.
“Ya hay jueces en edad de jubilarse y otros que murieron. Las vacantes van a seguir apareciendo y, si 2022 no es un año activo, podemos llegar a acumular el 30% de vacantes”, advirtió Culotta. Lejos de traer los consensos que faltaron en 2021, el Consejo entró en estos primeros meses del año en un terreno de incertidumbre por un fallo de la Corte Suprema y también por las internas que atraviesan tanto al oficialismo como a la oposición con la mira en las próximas elecciones presidenciales.
La Corte Suprema irrumpió en el Consejo con un fallo histórico: declaró en diciembre pasado la inconstitucionalidad de la conformación actual del organismo, que había reducido sus integrantes de 20 a 13, al considerar que las representaciones políticas estaban por encima del resto de los estamentos, como los abogados o académicos. El máximo tribunal ordenó que antes del 15 de abril se vuelva a ampliar la cantidad de consejeros, caso contrario, el organismo dejaría de funcionar. La decisión incluyó además el desembarco del presidente de la Corte Suprema como parte del nuevo Consejo.
Ante ese escenario, el kirchnerismo apuró la aprobación de una nueva ley. El Senado dio media sanción el jueves a una propuesta del oficialismo, que pretende ampliar el número de consejeros hasta 17 representantes, con la suma de un juez, dos abogados y un académico sobre la composición actual. La propuesta del oficialismo pretende un Consejo integrado por cuatro jueces de diferentes zonas del país, cuatro abogados, dos académicos, un representante del Poder Ejecutivo y seis del Congreso.
El principal punto de debate en esta propuesta, que todavía debería ser aprobada en Diputados para convertirse en ley, es justamente el rol que deben tener el representante de la Corte Suprema que desembarque en el Consejo. El kirchnerismo insiste en que la conducción del organismo no quede en manos del presidente del máximo tribunal.
La firma del Presidente
Las 227 vacantes en los juzgados no sólo podrían menguar si logra reactivarse el proceso de selección de jueces en el Consejo. Poco menos de esa mitad de lugares podría cubrirse si el Poder Ejecutivo y el Senado dieran trámite a decisiones son incluso posteriores durante el largo proceso de elegir a los jueces. Alberto Fernández tiene a su disposición 53 ternas que ya elevó el Consejo y que están pendientes de su firma. El Presidente debe elegir en cada una de esas ternas al candidato que considere más idóneo para ejercer el cargo y enviar su pliego al Senado.
La Cámara Alta, además, también cuenta con 38 pliegos que ya fueron remitidos por el Poder Ejecutivo pero que todavía no fueron tratados. Ya transcurrido más de la mitad de su mandato, la Justicia cuenta hoy con más vacantes de las que tenía cuando el presidente Fernández desembarcó en la Casa Rosada.
Durante los últimos dos años de Cambiemos, las aprobaciones en el Senado estuvieron frenadas y al llegar a la Casa Rosada, Alberto Fernández retiró los 131 pliegos de jueces que había enviado Macri. Volvió a mandar sus propios candidatos de las ternas, en tandas de aproximadamente 30, a partir del segundo semestre del 2020. Pero el Presidente aún tiene 53 todavía en análisis.
