Entre las disposiciones del proyecto se incluye la suspensión automática de embargos y ejecuciones fiscales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre las cuentas y bienes de las empresas que se adhieran al programa. Además, se proponen planes de pago de hasta 60 cuotas mensuales que contemplan la condonación total de intereses punitorios, así como el acceso a líneas de financiamiento del Banco Nación, destinadas a capital de trabajo y reconversión productiva con tasas subsidiadas.
“La UIA, la Cámara de Comercio, los contadores y los empresarios de todos los sectores le piden al Ejecutivo que frene los embargos y habilite planes de pago. El Gobierno no responde. Entonces el Congreso actúa. Ese es nuestro rol: darle al sector productivo lo que el Ejecutivo les niega”, dijo el entrevistado.
Monzón señaló que la situación de las pymes ha empeorado en los últimos años, citando datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según los cuales más de 25.000 empresas han cerrado desde diciembre de 2023. El mayor número de cierres se habría registrado en enero de 2026, alcanzando un promedio de 70 cierres por día hábil.
Además, mencionó que en la provincia de Buenos Aires se han perdido 106.299 puestos de trabajo registrados en ese mismo período, lo que representa un tercio de la caída del empleo formal a nivel nacional.
“Una empresa con las cuentas embargadas no puede cobrar ni pagar. No puede abonar salarios ni comprarle a sus proveedores. ARCA no recupera el crédito: pierde al contribuyente para siempre y destruye empleo. Esto no es presión fiscal, es un tiro de gracia al tejido productivo”, enfatizó.
El proyecto ha sido remitido a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y se basa en indicadores del INDEC, que señalan que la industria manufacturera está operando al 53,6% de su capacidad instalada, el nivel más bajo desde la crisis de 2002. Entre las actividades más perjudicadas se encuentran el sector textil, con una utilización del 23,7%, la industria automotriz con el 24% y la metalmecánica con un 31,4%.
“Embargarle la cuenta a una PyME en crisis no es recaudar: es ejecutar una sentencia de muerte. La oposición tiene propuestas concretas. Este gobierno solo tiene el ajuste”, sentenció la diputada.
El proyecto fue presentado poco después de una nueva ronda de exposiciones del sector industrial en la Cámara de Diputados, en la cual representantes de distintas entidades empresariales participaron de una reunión informativa en la Comisión de Industria para advertir sobre la situación crítica del sector y solicitar medidas de alivio.
Entre las propuestas de consenso, se encuentran la inclusión de cláusulas de ‘Compre Local’ en el Súper RIGI, incentivos para facilitar el acceso al crédito, mecanismos para evitar prácticas de dumping en las importaciones y programas de ayuda para empresas en situación de endeudamiento.
Los datos compartidos durante la reunión indican que, entre agosto de 2023 y febrero de 2026, la industria perdió 75.399 empleos directos, dentro de una caída total de 240.980 puestos de trabajo en el sector privado.
La directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, advirtió que mientras las importaciones destinadas a la producción descendieron un 14% entre abril de 2025 y marzo de 2026, las importaciones para consumo aumentaron un 17% en el mismo lapso. También mencionó que las exportaciones industriales retrocedieron un 24% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2011.
“No existe otro país en el mundo que teniendo el entramado industrial de Argentina no lo defienda”, enfatizó.
Durante la reunión en la Cámara de Diputados, la entidad fabril insistió en la necesidad de avanzar en la creación de una nueva ley PyME y enumeró varios puntos clave para mejorar la competitividad del sector:
Alivio y simplificación tributaria. Reducción del costo laboral asociado a la actividad industrial. Programas de financiamiento, planes de pago y suspensión de embargos para empresas en crisis. Promoción del desarrollo exportador. Medidas de estimulación al consumo, incluyendo la devolución de una parte del IVA y facilidades para acceder al crédito.
